Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), reveló detalles de su última comunicación con Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, antes de que este fuera abatido por la Fuerza Pública en La Guajira. Según Castillo, el fallecido cabecilla buscaba solucionar su situación judicial y reintegrarse a las mesas de negociación, aunque su comportamiento errático y su exposición en redes sociales dificultaban cualquier acuerdo. El relato de Pinocho surge en un momento de alta tensión, tras el ultimátum del presidente Abelardo De La Espriella, quien exigió el sometimiento de Castillo en un plazo de una semana bajo amenaza de ser dado de baja. El evento es relevante por el contraste entre la política de seguridad del actual Gobierno y los procesos de diálogo del mandato anterior. Mientras el Ejecutivo ha cerrado los espacios de negociación y calificado a los líderes criminales como objetivos de alto valor, Pinocho ha manifestado su disposición a entregarse a la justicia colombiana y estadounidense. No obstante, el cabecilla condiciona su entrega a la creación de una ley que garantice condiciones jurídicas claras y penas definidas, rechazando la posibilidad de someterse sin conocer su futuro legal. Las declaraciones de Castillo también sirvieron para desmentir rumores sobre una posible traición interna que facilitara la ubicación de Bendito Menor. El jefe de las ACSN insistió en que el fallecido ya no seguía las directrices de la organización y que sus actuaciones individuales, como la masacre en Dibulla, complicaban cualquier intento de paz. El Gobierno, por su parte, ha reiterado que no habrá privilegios ni atajos, manteniendo la presión militar sobre los integrantes de grupos armados que persistan en la ilegalidad.

Análisis político

Se observa una estrategia de supervivencia por parte de alias Pinocho, quien utiliza los medios de comunicación para posicionarse como un interlocutor válido ante el Estado, buscando transformar su situación de prófugo en la de un sujeto de sometimiento con garantías. Al desmarcarse de las acciones violentas de Bendito Menor, intenta limpiar la imagen de las ACSN para facilitar una negociación que le permita evitar la extradición o penas prolongadas, mientras el Gobierno de De La Espriella utiliza un lenguaje de autoridad y ultimátums para deslegitimar cualquier estatus político de los grupos criminales. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante su base electoral al mostrar una postura de mano dura y eficiencia operativa, mientras que los cabecillas criminales pierden el control de la narrativa de 'paz total' que caracterizó al periodo anterior. La construcción de narrativas es divergente: el Estado presenta el evento como un éxito de la fuerza pública y el fin de la impunidad, mientras que los líderes armados intentan trasladar la responsabilidad de la violencia a individuos aislados, buscando desesperadamente un marco jurídico que les ofrezca seguridad personal frente a la presión militar.

Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), manifestó su disposición de entregarse a las autoridades colombianas y estadounidenses. Esta declaración surge tras el abatimiento de Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', en un operativo de la Fuerza Pública en Riohacha. Castillo condicionó su entrega a la creación de una ley de sometimiento que le otorgue garantías jurídicas claras sobre su futuro penal. El presidente Abelardo de la Espriella respondió con un ultimátum de una semana para que los ministerios de Defensa y Justicia coordinen el sometimiento del cabecilla. El mandatario enfatizó que su administración no contempla negociaciones, dilaciones ni privilegios para grupos criminales. Advirtió que, de no concretarse la entrega, la orden será dar de baja a Castillo, manteniendo la línea de su política de seguridad que puso fin a los diálogos de la anterior administración. En sus declaraciones, 'Pinocho' reveló detalles sobre la última conversación que sostuvo con 'Bendito Menor', quien buscaba solucionar su situación judicial antes de morir. Castillo se desmarcó de las actuaciones de Pérez Toncel, señalando que este último tomaba decisiones autónomas que afectaban la imagen y los procesos de la organización. El Gobierno reiteró que el camino para los integrantes de estructuras ilegales es el sometimiento estricto a la ley vigente sin atajos.

Análisis político

La estrategia del Gobierno de De la Espriella marca un giro radical hacia la mano dura, utilizando la presión militar y plazos perentorios para desarticular estructuras criminales sin otorgarles estatus político. Al rechazar las condiciones de 'Pinocho', el Ejecutivo busca capitalizar políticamente la muerte de 'Bendito Menor' como un éxito de su política de seguridad, mientras que el cabecilla intenta, mediante la exposición mediática, negociar una salida jurídica que le evite una condena prolongada o la extradición. Se observa una construcción de narrativas divergentes: mientras el Estado presenta el sometimiento como un acto de rendición ante la ley, 'Pinocho' intenta posicionarse como un actor dispuesto a colaborar a cambio de seguridad jurídica. El Gobierno gana legitimidad ante su base electoral al mostrar firmeza, mientras que el líder criminal pierde capacidad de maniobra al quedar expuesto como un objetivo militar prioritario tras el fracaso de los diálogos de paz previos.

Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), manifestó su disposición de entregarse a la justicia tras la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor. El cabecilla condicionó su sometimiento a la creación de una ley que garantice condiciones jurídicas claras y penas definidas, argumentando que busca evitar la incertidumbre sobre su futuro legal. Esta declaración ocurrió en un contexto de alta presión militar tras el abatimiento de Bendito Menor en Riohacha, La Guajira, por parte de la Fuerza Pública. El presidente Abelardo de la Espriella respondió de manera inmediata ordenando a los ministerios de Defensa y Justicia coordinar la entrega en un plazo perentorio de una semana. El mandatario enfatizó que su administración no aceptará negociaciones, dilaciones ni exigencias por parte de grupos criminales, advirtiendo que, de no concretarse el sometimiento, la orden será dar de baja al señalado líder. Esta postura marca un giro radical respecto a la política de paz del gobierno anterior, eliminando cualquier estatus político para los actores armados. El Ministerio de Justicia reiteró que el sometimiento debe realizarse bajo las reglas vigentes, sin atajos ni privilegios, y conforme a la Constitución. Mientras tanto, alias Pinocho negó haber colaborado con las autoridades para la ubicación de Bendito Menor, asegurando que este último ya no formaba parte de la estructura al momento de su muerte. La situación mantiene en vilo la seguridad en la Sierra Nevada, mientras el Gobierno reafirma su estrategia de ofensiva contra las organizaciones criminales.

Análisis político

La estrategia del Gobierno de De la Espriella se basa en la imposición de autoridad y la deslegitimación de los grupos armados, utilizando plazos perentorios para forzar una rendición incondicional. Al rechazar cualquier negociación política, el Ejecutivo busca capitalizar el éxito militar del abatimiento de Bendito Menor para debilitar la estructura de mando de las ACSN y presionar a sus líderes restantes. Esta táctica busca proyectar una imagen de control estatal absoluto frente a la opinión pública, contrastando directamente con la política de 'paz total' del gobierno anterior. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante sectores que exigen mano dura, mientras que alias Pinocho intenta ganar tiempo y seguridad jurídica mediante una narrativa de disposición al diálogo. El líder paramilitar pierde capacidad de maniobra al quedar expuesto ante un ultimátum público, lo que lo obliga a elegir entre la entrega bajo las condiciones del Estado o la confrontación directa. La construcción de narrativas es opuesta: el Estado presenta el sometimiento como un acto de justicia legal, mientras que el actor criminal intenta presentarlo como un proceso de paz condicionado por garantías que el Gobierno se niega a otorgar.

Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), manifestó su disposición de entregarse a la justicia colombiana y estadounidense tras la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor'. Castillo condicionó su entrega a la creación de una ley de sometimiento que garantice condiciones claras sobre las penas a pagar. El cabecilla también se desmarcó de las acciones de 'Bendito Menor', a quien calificó como un elemento difícil de controlar que afectó los procesos de paz previos. El presidente Abelardo de la Espriella respondió a esta solicitud ordenando a los ministros de Defensa y Justicia coordinar el sometimiento en un plazo perentorio de una semana. El mandatario enfatizó que su administración no aceptará negociaciones, dilaciones ni exigencias por parte de grupos criminales. Advirtió que, de no concretarse la entrega, la Fuerza Pública procederá a dar de baja al señalado cabecilla en cumplimiento de la ley. El Ministerio de Justicia reiteró que el sometimiento debe realizarse bajo los mecanismos legales vigentes, sin privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución. Esta postura marca un giro en la política de seguridad nacional, tras la cancelación de los espacios de diálogo de la 'Paz Total' del gobierno anterior. La situación refleja la tensión entre la intención de entrega de los líderes criminales y la política de mano dura del actual Ejecutivo.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la desarticulación de estructuras criminales mediante la presión militar y la exigencia de sometimiento bajo reglas estrictas, eliminando el estatus político que se otorgaba en la administración anterior. Al imponer un plazo perentorio, el Ejecutivo busca capitalizar el debilitamiento de las ACSN tras la baja de 'Bendito Menor' y proyectar una imagen de autoridad innegociable ante la opinión pública. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad al reafirmar el monopolio de la fuerza, mientras que alias 'Pinocho' intenta sobrevivir judicialmente buscando garantías que el Estado se niega a otorgar. La narrativa del Gobierno se construye sobre la legalidad y la no impunidad, mientras que el actor criminal intenta presentarse como un interlocutor dispuesto a colaborar, aunque su posición es de debilidad frente a la ofensiva estatal.

El presidente Abelardo de la Espriella otorgó un plazo perentorio de siete días a los ministerios de Defensa y Justicia para coordinar el sometimiento a la justicia de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Esta orden surge tras las declaraciones de Castillo, quien manifestó su disposición de entregarse a las autoridades colombianas y estadounidenses, siempre que se le garanticen condiciones jurídicas claras y se defina el tiempo de reclusión. El mandatario fue enfático al señalar que su administración no contempla negociaciones, dilaciones ni concesiones de estatus político para grupos criminales. La instrucción presidencial se produce en un contexto de ofensiva estatal contra las estructuras armadas, marcado por el reciente abatimiento de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, en Riohacha. Castillo, quien negó haber colaborado con las autoridades para la ubicación de Bendito Menor, sostiene que su organización busca una salida jurídica ante la falta de resultados en los procesos de paz del gobierno anterior. El jefe de las ACSN afirmó que estaría dispuesto a cumplir una condena de cinco años de prisión a cambio de garantías procesales que permitan la desmovilización de sus hombres. El Gobierno nacional reiteró que la única vía disponible para los integrantes de organizaciones ilegales es el sometimiento a la ley, descartando cualquier espacio de diálogo sociojurídico. De la Espriella advirtió que, si alias Pinocho no se entrega en el plazo establecido y persiste en sus actividades delictivas o en la confrontación con la Fuerza Pública, la orden directa es proceder a darle de baja. Esta postura marca un giro en la política de seguridad, eliminando las contemplaciones que, según el Ejecutivo, caracterizaron la gestión de la administración precedente.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se fundamenta en la imposición de una narrativa de autoridad y firmeza, utilizando el ultimátum como herramienta para deslegitimar cualquier pretensión de negociación política por parte de los grupos armados. Al establecer un plazo perentorio, el Ejecutivo traslada la responsabilidad del desenlace al actor criminal, obligándolo a elegir entre la rendición bajo las condiciones del Estado o la confrontación militar directa, lo cual refuerza la imagen de un gobierno que prioriza la ley sobre el diálogo. En este escenario, el Gobierno gana capital político al cumplir promesas de campaña sobre el fin de la denominada 'paz total', mientras que alias Pinocho pierde capacidad de maniobra al intentar condicionar su entrega en un entorno que ya no reconoce su estatus como interlocutor válido. La narrativa del Estado se construye sobre la negación de la legitimidad del actor armado, mientras que el cabecilla intenta, sin éxito, posicionarse como un actor político que busca una salida negociada, evidenciando una desconexión total entre las expectativas del grupo ilegal y la nueva política de seguridad nacional.