La Policía Nacional, en una operación coordinada con la DEA, halló una caleta perteneciente al frente Libardo Vergel de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en la vereda Perico Aguao, Santa Marta. El operativo permitió la incautación de 27 fusiles, un lanzagranadas, 19 proveedores y 728 cartuchos de munición. Este material bélico fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para determinar su procedencia y posibles vínculos con actividades criminales. El presidente Abelardo De La Espriella calificó el hallazgo como un golpe contundente a la capacidad armada y logística de esta organización criminal. El mandatario reafirmó su estrategia de seguridad, asegurando que el Gobierno mantendrá la persecución contra los grupos armados mediante la captura o neutralización de sus integrantes. La institución policial destacó que este resultado se suma a otras acciones recientes contra la misma estructura, incluyendo la neutralización de su segundo cabecilla y la incautación de cargamentos de droga. El operativo recibió el respaldo de sectores políticos, como el senador Honorio Henríquez, quien enfatizó que la aplicación efectiva de la ley es fundamental para la seguridad regional. Las autoridades continúan investigando el origen del armamento para desarticular las redes de abastecimiento de la organización. Este evento se enmarca en una serie de acciones gubernamentales orientadas a reducir la capacidad operativa de los grupos ilegales en el Caribe colombiano.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se centra en la exhibición de resultados operativos contundentes para consolidar una narrativa de mano dura contra el crimen organizado. Al utilizar términos como "narcoterroristas" y enfatizar la cooperación internacional con la DEA, el Ejecutivo busca legitimar su política de seguridad y proyectar una imagen de control territorial frente a la opinión pública. El Gobierno gana legitimidad ante sectores que exigen mayor rigor en la seguridad, mientras que las estructuras criminales como las ACSN pierden capacidad logística y poder de fuego. La narrativa oficial se construye sobre la contraposición entre la "fuerza legítima del Estado" y la criminalidad, buscando capitalizar estos éxitos operacionales para fortalecer la confianza ciudadana en la institucionalidad y justificar la continuidad de la ofensiva militar.