Polémica por liberación anticipada de ciudadanos venezolanos condenados por extorsión en La SerenaActualizado · hace 1 día
Resumen
Tres ciudadanos venezolanos, condenados en 2022 por robo con intimidación y porte ilegal de armas en La Serena, obtuvieron rebajas en sus penas mediante decretos firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario Luis Silva. Los sujetos fueron detenidos en 2021 tras ser denunciados por extorsionar a mujeres migrantes, presentándose ante ellas como integrantes del Tren de Aragua. Aunque la justicia no pudo acreditar su pertenencia a dicha organización criminal, el caso ha generado un fuerte rechazo político debido a la naturaleza de los delitos y la condición de extranjeros de los condenados.
Parlamentarios de la Región de Coquimbo han cuestionado la legalidad de los beneficios, argumentando que los reclusos no cumplían con los requisitos de conducta sobresaliente exigidos por la normativa. El senador Daniel Núñez anunció la presentación de una solicitud para invalidar los decretos, mientras que otros legisladores han exigido la renuncia del ministro Rabat. La controversia se intensifica al señalarse que el Gobierno no intentó gestionar la expulsión de los individuos a pesar de la existencia de relaciones diplomáticas con Venezuela.
El Ejecutivo, a través del seremi de Gobierno Darwin Cortés y el propio ministro Rabat, ha defendido que las rebajas se tramitaron conforme a una ley vigente que no distingue por tipo de delito. El ministro sostuvo que el procedimiento es técnico y gestionado por Gendarmería, cuestionando el uso político de la situación. Ante la presión, el Gobierno ha manifestado su intención de impulsar una reforma legal para restringir estos beneficios en casos de delitos graves y mejorar la protección a las víctimas.
Análisis Político
La estrategia política del Gobierno de José Antonio Kast se centra en desvincular la responsabilidad administrativa de la voluntad política, argumentando que las rebajas de penas son el resultado de una ley preexistente que requiere una reforma urgente. Al presentar un proyecto de ley para modificar el sistema, el Ejecutivo intenta desplazar el foco desde la gestión ministerial hacia una necesidad legislativa compartida, buscando neutralizar las críticas sobre su compromiso con la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado.
En este escenario, la oposición capitaliza el descontento ciudadano mediante una narrativa que vincula directamente al Gobierno con la liberación de delincuentes extranjeros, lo que debilita la imagen de mano dura que el oficialismo ha intentado proyectar. Mientras el ministro Rabat pierde capital político y enfrenta solicitudes de renuncia, la oposición gana terreno al posicionarse como defensora de las víctimas y de la seguridad nacional, forzando al Ejecutivo a una postura defensiva que pone a prueba la cohesión de su gabinete.
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