El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, con epicentro en San José del Palmar, ha dejado un saldo de 294 fallecidos, miles de heridos y graves daños estructurales. Ante la emergencia, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella centralizó la recepción de ayuda internacional, limitando la solicitud de equipos de búsqueda y rescate a Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador. Esta decisión generó un intenso debate político sobre la transparencia y los criterios de selección en la gestión de la asistencia humanitaria. La oposición, liderada por el senador Iván Cepeda, ha denunciado una supuesta "atención selectiva" y ha cuestionado la exclusión de otros países que ofrecieron apoyo, sugiriendo motivaciones ideológicas detrás de la medida. Cepeda anunció que realizará un seguimiento estricto a la distribución de las ayudas para evitar que estas sean condicionadas a preferencias políticas o al voto ciudadano. Además, se han presentado denuncias sobre el uso de criterios partidistas en la entrega de suministros a los damnificados en las zonas más afectadas. El Gobierno, a través del canciller Omar Bula y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ha negado categóricamente cualquier sesgo ideológico en la recepción de la ayuda. Las autoridades argumentan que la selección de los equipos de rescate responde exclusivamente a estándares técnicos y protocolos internacionales de búsqueda y rescate. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de coordinar los recursos para garantizar su efectividad, la controversia persiste en medio de las labores de rescate que continúan en el territorio nacional.

Análisis político

El evento revela una estrategia de alineación geopolítica por parte del Gobierno de De la Espriella, que prioriza la cooperación con aliados estratégicos bajo una narrativa de eficiencia técnica y seguridad. Esta postura busca consolidar una identidad política afín a sectores conservadores internacionales, mientras intenta desestimar las críticas de la oposición mediante la tecnificación del discurso sobre la gestión de desastres. La oposición capitaliza la crisis para construir una narrativa de exclusión y clientelismo, posicionándose como garante de la equidad en la atención a las víctimas. En este escenario, el Gobierno gana control sobre la narrativa de la emergencia y la relación con sus aliados, pero pierde legitimidad ante sectores que perciben la ayuda como un instrumento de discriminación política, lo que profundiza la polarización en un momento de crisis humanitaria.