Petro cuestiona informe toxicológico de Angie Rodríguez tras renuncia de su abogadoActualizado · hace 4 días
Resumen
El expresidente Gustavo Petro desestimó un informe toxicológico presentado por la defensa de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, que sugeriría un presunto envenenamiento. Petro argumentó que los resultados, obtenidos en España, no constituyen una prueba de ataque, sino que explicarían la conducta de la exfuncionaria mediante el uso de medicamentos psiquiátricos. Por su parte, el abogado Wilson Ruiz defendió la validez del examen y exigió respeto por la salud mental de su cliente, calificando los señalamientos del exmandatario como una forma de deslegitimación.
La controversia se intensificó tras la renuncia de Manuel Villanueva, quien fungía como abogado de Rodríguez, alegando motivos personales en medio de la investigación. Esta salida ocurrió poco después de que Villanueva confirmara la entrega de las pruebas toxicológicas a la Fiscalía General de la Nación. El caso se vincula con denuncias previas de Rodríguez sobre irregularidades administrativas y presiones durante el gobierno de Petro, las cuales ahora se coordinan con otros testimonios como el de Deicy Jiménez.
La Fiscalía deberá ahora contrastar el informe de laboratorio con otros elementos probatorios para determinar la veracidad de las acusaciones. Mientras la defensa sostiene que los hallazgos respaldan la denuncia de intento de homicidio, el exmandatario insiste en que las sustancias identificadas corresponden a tratamientos médicos. La investigación sigue en curso, centrada en esclarecer tanto las denuncias de corrupción como los presuntos atentados contra la integridad de la exfuncionaria.
Análisis Político
Se observa una estrategia de deslegitimación por parte del expresidente Petro, quien busca trasladar el debate del ámbito penal al terreno de la salud mental para invalidar el testimonio de su exfuncionaria. Al etiquetar las sustancias halladas como medicamentos psiquiátricos, el exmandatario intenta neutralizar el impacto político de la denuncia de envenenamiento, presentándola como una interpretación errónea o malintencionada de la realidad clínica de Rodríguez.
En este escenario, el mayor riesgo político recae sobre la credibilidad de las instituciones judiciales, que deben dirimir un conflicto donde la narrativa de 'persecución' se enfrenta a la de 'denuncia de corrupción'. Mientras Rodríguez y su defensa buscan consolidar un frente común con otros denunciantes para fortalecer su posición, Petro utiliza su capacidad de comunicación directa para controlar la narrativa pública, buscando que el caso se perciba como un ataque personal y no como una investigación sobre irregularidades en su administración.
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