La bancada del Pacto Histórico presentó una proclama de siete puntos en la Plaza de Bolívar de Bogotá para oficializar su oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella. Los congresistas cuestionaron la realización de la posesión presidencial en Cali, calificándola de inconstitucional y un gasto innecesario, y denunciaron impedimentos para utilizar el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. La colectividad anunció que no asistirá al acto en el Valle del Cauca, definiendo su ausencia como un ejercicio de desobediencia civil pacífica y renunciando a los recursos logísticos y salariales asociados a la jornada. El evento de posesión en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali marca un hito al ser la primera vez que una investidura presidencial ocurre fuera de Bogotá. Previo a la ceremonia, el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca recibieron múltiples demandas ciudadanas que buscaban frenar el traslado del Congreso. Aunque el Consejo de Estado negó las medidas cautelares de urgencia al no hallar pruebas de una amenaza grave, el debate jurídico sobre la legalidad del cambio de sede y la legitimidad del nuevo gobierno se mantuvo activo hasta el día del evento. La jornada se desarrolló con una dualidad política marcada por la ceremonia oficial en Cali y las movilizaciones opositoras en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla. Mientras el Congreso defendió la legalidad del traslado argumentando el cumplimiento de los procedimientos de quórum y mayorías, el Pacto Histórico reafirmó su postura de defensa de la soberanía y las reformas sociales. La tensión institucional se vio reflejada en la negativa de las mesas directivas del Legislativo a facilitar espacios para la declaración política de la oposición, lo que derivó en protestas en las escalinatas del Capitolio.

Análisis político

La estrategia del Pacto Histórico busca capitalizar el descontento frente a la descentralización del acto de posesión, transformando un evento protocolario en una plataforma de resistencia política. Al renunciar a los beneficios logísticos y denunciar censura en el Congreso, la bancada construye una narrativa de victimización institucional que refuerza su identidad como la principal fuerza de oposición, mientras intenta deslegitimar al nuevo gobierno desde su primer día de mandato. El gobierno entrante de De la Espriella gana visibilidad simbólica al romper con la tradición bogotana, proyectando una imagen de ruptura con el establecimiento anterior, aunque pierde capital político al enfrentar una oposición organizada que cuestiona su legitimidad desde el inicio. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo presenta el traslado como un gesto de descentralización y cercanía con las regiones, el Pacto Histórico lo etiqueta como un espectáculo suntuario que vulnera la dignidad del Congreso y el equilibrio de poderes.