El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró que José Manuel Sierra Sabogal, alias 'Zarco Aldinever', fue asesinado por integrantes del ELN bajo el mando de alias 'Pablito Arauca'. Según el funcionario, el cuerpo del cabecilla de la Segunda Marquetalia fue arrojado al río Arauca en los Llanos Orientales. Esta información proviene de fuentes calificadas como altamente confiables por el comisionado, aunque no existe confirmación forense ni recuperación del cadáver. El fallecido era señalado por la Fiscalía como el autor intelectual del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025 en Bogotá. La muerte de Sierra Sabogal había sido objeto de versiones contradictorias durante el último año, incluyendo un anuncio previo del Ministerio de Defensa en 2025 y desmentidos posteriores de la Fiscalía General de la Nación en 2026. La incertidumbre sobre su paradero se mantuvo debido a la falta de pruebas físicas y a la fragmentación de la estructura de mando de la Segunda Marquetalia. Este evento ocurre en un contexto de parálisis en las negociaciones de paz con el ELN y la inminente transición gubernamental hacia la administración de Abelardo de la Espriella. Patiño aprovechó para señalar la pérdida de cohesión de la Segunda Marquetalia tras la desaparición de su cúpula original. Las autoridades judiciales continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias del deceso y avanzar en el caso del magnicidio de Uribe Turbay.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en cerrar capítulos de su política de paz mediante la confirmación de bajas de actores armados, buscando dar un cierre simbólico a casos de alto impacto como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Al validar la muerte de un cabecilla sin pruebas forenses, el Ejecutivo intenta proyectar control sobre la información de seguridad, aunque esto genera fricciones con la Fiscalía, que previamente había desestimado rumores similares para mantener la vigencia de órdenes de captura. El gran perdedor es la credibilidad institucional, atrapada entre versiones contradictorias de distintos organismos estatales sobre la vida o muerte de criminales. Por su parte, el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella se beneficia de esta narrativa de desarticulación de grupos armados, mientras que el ELN consolida su poder territorial mediante la eliminación de rivales, construyendo una narrativa de hegemonía criminal frente a la debilidad de las disidencias de las Farc.