Los partidos de oposición, incluyendo al PS, PC, FA, DC, PPD y Partido Liberal, acordaron presentar requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar aspectos tributarios y medioambientales del proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el Gobierno. Esta decisión fue ratificada tras una reunión de coordinación destinada a superar las tensiones internas y las descoordinaciones previas. La estrategia jurídica, que será presentada una vez finalizada la tramitación en el Senado, busca cuestionar la invariabilidad tributaria y las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). El proceso enfrentó un quiebre inicial cuando la bancada de senadores del PPD negoció por separado con el Ministerio de Hacienda, logrando reducir los años de invariabilidad tributaria y anunciando que no acudirían al TC. Este acuerdo fue calificado como un error por otros sectores de la oposición, quienes sostienen que, pese a las concesiones del Ejecutivo, persisten vicios de inconstitucionalidad que afectan el principio democrático y el debido proceso. La unidad del bloque se vio tensionada por estas negociaciones paralelas y por recriminaciones públicas entre parlamentarios. La coordinación jurídica de la ofensiva fue encomendada al abogado constitucionalista Tomás Jordán, quien ha liderado el análisis técnico de los vicios legales del proyecto. Aunque surgieron informaciones sobre su salida del rol de coordinador por motivos personales, los partidos han enfatizado que el trabajo colaborativo entre los equipos técnicos continúa. La oposición mantiene su postura de impugnar la iniciativa, argumentando que las normas sobre estabilidad tributaria y compensaciones ambientales atentan contra la igualdad ante la ley.

Análisis político

La estrategia política de la oposición chilena refleja una tensión constante entre la búsqueda de unidad programática y la tentación de los partidos por negociar acuerdos parciales con el Ejecutivo para obtener réditos legislativos inmediatos. El uso del Tribunal Constitucional se consolida como una herramienta de contrapeso frente a un Gobierno que busca implementar reformas estructurales, transformando el debate técnico-jurídico en un campo de batalla para definir la legitimidad de las políticas públicas y la capacidad de las mayorías democráticas para legislar. En este escenario, el Gobierno gana terreno al lograr fracturar la cohesión opositora mediante concesiones específicas, mientras que la oposición pierde capital político al exhibir descoordinaciones públicas que debilitan su imagen de bloque sólido. La narrativa se construye bajo dos ejes opuestos: el oficialismo presenta sus acuerdos como un ejercicio de pragmatismo y responsabilidad económica, mientras que la oposición intenta posicionar su ofensiva judicial como una defensa necesaria de los derechos ciudadanos y el debido proceso frente a lo que consideran vicios estructurales del proyecto.