Oposición evalúa acusación constitucional contra ministro de Justicia por rebaja de penas
Resumen
La oposición chilena ha iniciado el estudio de una posible acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la revelación de que el Gobierno otorgó 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Los partidos de oposición, incluyendo al Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista y otros, han exigido la remoción del secretario de Estado y han emplazado al Presidente José Antonio Kast a asumir la responsabilidad política por estos decretos. Como medida inmediata, las bancadas han convocado a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 28 de octubre, buscando que el ministro explique los fundamentos de su decisión.
El ministro Rabat ha defendido su gestión argumentando que actuó conforme a la Constitución, la ley y la interpretación de los tribunales sobre la irretroactividad de las normas penales. Según el titular de Justicia, la modificación legal de 2023 no aplicaba a quienes fueron condenados antes de dicha fecha, lo que generó un vacío legal que su administración buscó abordar. El Gobierno ha sostenido que estas decisiones son de carácter técnico y administrativo, rechazando que exista mérito para una acusación constitucional, la cual califican como carente de sustento jurídico.
Para profundizar en la viabilidad del libelo, los líderes de la oposición se reunieron con los exministros de Justicia Jaime Gajardo y Luis Cordero. Aunque los exsecretarios de Estado se limitaron a exponer aspectos técnicos del procedimiento administrativo, su análisis sobre la falta de transparencia y los errores en la ejecución de la ley fortaleció la postura opositora. La decisión final sobre la presentación de la acusación constitucional será anunciada tras la sesión especial, mientras el oficialismo mantiene su respaldo al ministro Rabat.
Análisis Político
La estrategia política de la oposición se centra en capitalizar el costo reputacional de una medida altamente impopular, utilizando la figura de la acusación constitucional como una herramienta de presión para desgastar al Ejecutivo y forzar una rectificación o la salida del ministro. Al convocar a exministros de la administración anterior, la oposición busca dotar de un barniz técnico y jurídico a una ofensiva que es, en esencia, política, intentando elevar el estándar de la fiscalización frente a lo que denominan un error garrafal en la protección de la niñez.
En este escenario, el Gobierno de José Antonio Kast enfrenta un dilema de gobernabilidad: ceder ante la presión y remover a un ministro, lo que implicaría reconocer un error político grave, o mantener su respaldo, arriesgándose a una mayor erosión de su capital político y a una confrontación legislativa prolongada. La narrativa opositora construye un relato de impunidad y desprotección de las víctimas, mientras que el Gobierno intenta refugiarse en una narrativa de estricto cumplimiento legal y técnico, buscando desmarcarse de la responsabilidad política directa mediante la delegación de facultades administrativas.
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