Oposición evalúa acusación constitucional contra ministro de Justicia por rebaja de penas
Resumen
Las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados iniciaron el estudio de una eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Esta medida surge tras la revelación de que el Ministerio de Justicia otorgó rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Los parlamentarios exigen explicaciones al Ejecutivo y han convocado a una sesión especial para el próximo 28 de octubre con el fin de esclarecer las responsabilidades políticas del Gobierno.
El ministro Rabat ha defendido su gestión argumentando que las resoluciones se ajustan a la Constitución, la ley y la doctrina de los tribunales superiores. Según el secretario de Estado, la medida responde a un vacío legal existente desde 2023 que obligaba a aplicar la normativa vigente a condenados antes de febrero de ese año. El titular de Justicia calificó la posible acusación constitucional como una acción sin asidero jurídico, insistiendo en que su cartera ha actuado bajo el marco legal establecido.
La ofensiva opositora, que inicialmente contemplaba una interpelación, ha escalado hacia la posibilidad de un libelo acusatorio tras coordinaciones entre diversas fuerzas políticas. Mientras el oficialismo sostiene que el procedimiento administrativo fue correcto, la oposición acusa una contradicción con el discurso de seguridad del Presidente José Antonio Kast. La definición final sobre la presentación de la acusación será anunciada formalmente el próximo miércoles tras la sesión especial en el Congreso.
Análisis Político
La estrategia de la oposición busca capitalizar el costo político de una medida altamente impopular, utilizando la fiscalización parlamentaria para desgastar la figura del ministro de Justicia y, por extensión, la del Presidente Kast. Al transitar desde una interpelación hacia la amenaza de una acusación constitucional, los partidos opositores intentan forzar una unidad de acción que incluya a sectores más moderados o independientes, elevando el tono del conflicto para convertir un problema técnico-jurídico en un debate sobre la ética y la seguridad pública.
En este escenario, el Gobierno pierde terreno al quedar expuesto a una narrativa de contradicción entre su discurso de mano dura y la realidad de los beneficios penitenciarios otorgados. Por su parte, el ministro Rabat intenta blindarse mediante una defensa técnica, pero corre el riesgo de quedar aislado políticamente si el Ejecutivo no logra contener la indignación social. La oposición gana visibilidad y cohesión temporal, aunque el éxito de su ofensiva dependerá de su capacidad para convencer a parlamentarios ajenos a su bloque de que la actuación del ministro constituye una falta constitucional grave.
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