El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que diez integrantes del ELN murieron durante la Operación Ónix, ejecutada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en zona rural de El Tambo, Cauca. Entre los fallecidos se encuentran alias Marcos Pacífico y alias Ochenta o Murillo, señalados como cabecillas clave de la estructura guerrillera. Durante el operativo, las autoridades incautaron siete fusiles, una pistola y dos granadas, además de localizar un campamento con capacidad para 25 personas. El mandatario calificó la intervención como el golpe más contundente contra esta organización en los últimos ocho años, destacando que la acción debilita la cadena de mando y la capacidad de combate del grupo en el suroccidente del país. Esta operación representa el quinto bombardeo ordenado por el actual Gobierno contra grupos armados ilegales. El presidente reiteró su compromiso de no retroceder en la defensa del territorio y la desarticulación de las estructuras criminales que buscan controlar corredores estratégicos hacia el Pacífico. La ejecución de este bombardeo ocurre en medio de una controversia nacional sobre el uso de esta táctica militar, debido a los riesgos de afectar a menores de edad reclutados por grupos armados. Antecedentes recientes en Guaviare y Catatumbo, donde fallecieron adolescentes en operaciones similares, han intensificado el debate público sobre la proporcionalidad y los protocolos de estas acciones. El Gobierno mantiene su postura de respaldo total a la Fuerza Pública mientras enfrenta cuestionamientos sobre la protección de menores en zonas de conflicto.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la política de 'mano dura' y el uso de bombardeos como herramienta principal para desarticular la cúpula de grupos armados, buscando proyectar una imagen de control territorial y autoridad frente a la opinión pública. Al enfatizar la caída de cabecillas específicos, el Ejecutivo intenta capitalizar políticamente los resultados militares para legitimar su gestión en materia de seguridad, utilizando un lenguaje confrontativo que busca polarizar la narrativa entre la defensa del Estado y el accionar de los grupos ilegales. El Gobierno gana legitimidad ante sectores que exigen resultados contundentes contra la criminalidad, pero pierde terreno en el debate sobre derechos humanos y protección de menores, un punto que la oposición y diversos sectores sociales utilizan para cuestionar la ética de las operaciones. La narrativa oficial se construye bajo la premisa de la defensa nacional, mientras que la narrativa crítica se enfoca en los riesgos colaterales, creando una tensión constante donde cada operativo militar se convierte en un campo de batalla comunicacional sobre la legitimidad de los métodos empleados.