La Operación Azarías, ejecutada por las Fuerzas Militares en el municipio de Miraflores, Guaviare, resultó en la muerte de 20 presuntos integrantes de la estructura Carolina Ramírez, perteneciente a las disidencias de alias Iván Mordisco. Entre los fallecidos fue identificado alias El Tigre o Pintado, cabecilla de la organización y hombre de confianza de Mordisco, cuya identidad fue confirmada mediante pruebas dactiloscópicas. El operativo también permitió la captura de cinco personas, entre ellas alias Víctor, y la recuperación de dos menores de edad, además de la incautación de armamento de largo alcance.

Análisis político

La estrategia del gobierno de Abelardo de la Espriella marca un giro radical hacia la confrontación militar directa, abandonando la política de Paz Total de la administración anterior. Al priorizar bombardeos y operaciones de alta intensidad, el Ejecutivo busca consolidar una narrativa de autoridad y soberanía, utilizando el lenguaje de la fuerza para deslegitimar cualquier negociación con grupos armados. Esta postura busca capitalizar el respaldo de sectores que exigen resultados inmediatos en seguridad, aunque enfrenta críticas por los riesgos colaterales que implican los bombardeos en zonas con presencia de menores reclutados. En este escenario, el gobierno se posiciona como el actor que retoma el control territorial, mientras que las disidencias de Iván Mordisco pierden capacidad logística y mandos medios clave. El costo político de esta estrategia recae en la tensión constante sobre el respeto al Derecho Internacional Humanitario, especialmente ante la recurrencia de muertes de menores en operativos. La narrativa oficial construye una dicotomía entre la legalidad estatal y el narcoterrorismo, donde el éxito se mide por el número de bajas y la desarticulación de estructuras criminales, dejando poco espacio para salidas negociadas.