El presidente Abelardo de la Espriella lideró el megaoperativo denominado Kratos en Bogotá, el cual contó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército y el CTI de la Fiscalía. La intervención, realizada en la madrugada del 28 de octubre, abarcó 114 allanamientos en diversas localidades de la capital y dejó un saldo de 172 personas capturadas. Entre los detenidos destacan alias Piccolino y alias Mailo, señalados por delitos de alto impacto como homicidios, extorsiones y el uso de granadas contra civiles. El mandatario acompañó personalmente el despliegue y enfatizó que esta ofensiva busca desarticular las finanzas y estructuras de mando de las bandas criminales. Durante el procedimiento, se incautaron armas de fuego, granadas, estupefacientes y dinero en efectivo, elementos que las autoridades vinculan con actividades de microtráfico y violencia urbana. El operativo se enmarca en la estrategia nacional BOSUR, que pretende replicar estas acciones en otras ciudades del país para combatir la inseguridad ciudadana. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respaldó la intervención y contrastó la actual política de seguridad con la administración anterior. Según el mandatario local, el gobierno previo mantenía una postura que romantizaba a los delincuentes urbanos, mientras que la actual gestión prioriza la judicialización efectiva con órdenes judiciales. Las autoridades distritales y nacionales anunciaron que continuarán con operativos focalizados en delitos como el hurto violento y el fleteo para reducir los índices de criminalidad en la ciudad.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la exhibición de fuerza y el uso de la confrontación directa como herramienta de comunicación gubernamental. Al liderar personalmente el operativo y confrontar a los capturados ante las cámaras, el presidente De la Espriella busca consolidar una narrativa de autoridad y mano dura, diferenciándose explícitamente de la administración de Gustavo Petro. Esta puesta en escena busca capitalizar el descontento ciudadano frente a la inseguridad, posicionando al Ejecutivo como un actor resolutivo que recupera el control territorial. En este escenario, el gobierno central y la administración distrital ganan legitimidad política al mostrar resultados tangibles y coordinados, mientras que las estructuras criminales pierden capacidad operativa y presencia pública. La construcción de narrativas opuestas es evidente: el oficialismo utiliza el operativo para validar su política de seguridad como un cambio de paradigma necesario, mientras que la oposición o los críticos de la administración anterior quedan relegados al señalar las fallas del pasado. El evento refuerza la polarización sobre cómo abordar la criminalidad, priorizando la punitividad sobre enfoques alternativos.