La Operación Blindaje 360, liderada por el presidente Abelardo de la Espriella, resultó en la captura de 72 personas en Barranquilla y su área metropolitana. El despliegue contó con 587 efectivos de la Policía y el Ejército, quienes realizaron 50 allanamientos contra estructuras como el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños. Los detenidos enfrentan cargos por concierto para delinquir, homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. El mandatario acompañó personalmente el operativo desde el comando de la Policía y confrontó a cabecillas capturados, entre ellos alias Keko y alias Ñoño. Durante el procedimiento, el presidente enfatizó que su administración mantendrá una política de mano dura contra las organizaciones criminales, buscando desarticular sus fuentes de financiación y control territorial. Las autoridades locales, incluyendo al alcalde de Barranquilla y al gobernador del Atlántico, respaldaron la intervención como una medida necesaria para recuperar el orden. La operación generó un debate sobre la efectividad de las cifras oficiales presentadas por el Ejecutivo. Mientras el Gobierno destaca el golpe a la criminalidad, algunos análisis señalan discrepancias entre los datos de seguridad reportados y las estadísticas del sistema oficial de la Policía. Los capturados fueron puestos a disposición de la justicia para la legalización de sus detenciones ante jueces de control de garantías.

Análisis político

La estrategia política del presidente De la Espriella se centra en la personalización de la seguridad, utilizando su presencia física en los operativos y la confrontación directa con cabecillas criminales para proyectar una imagen de autoridad y control. Esta narrativa busca capitalizar el descontento ciudadano frente a la inseguridad, posicionando al Estado como un actor contundente que ha cambiado el miedo de bando, en contraste con la política de paz de su predecesor. Con este evento, el Gobierno gana visibilidad y refuerza su base electoral mediante la demostración de fuerza, aunque corre el riesgo de erosionar su credibilidad si las cifras de criminalidad no coinciden con los registros técnicos de las autoridades. Por su parte, los grupos criminales pierden capacidad operativa inmediata y liderazgo, mientras que la oposición y los críticos del Gobierno aprovechan las inconsistencias en los datos para cuestionar la veracidad de los logros presentados en la lucha contra el delito.