Las autoridades de Estados Unidos han implementado restricciones de entrada para varios miembros de delegaciones deportivas y aficionados que asisten al Mundial 2026. El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue declarado inadmisible al detectar vínculos con presuntos terroristas, lo que generó el "lamento" del gobierno de Somalia y exigencias de explicación a Washington y la FIFA. Por su parte, la Casa Blanca defendió la decisión, argumentando "muy buenas razones" para evitar la entrada de "actores malintencionados". La selección de Irán enfrenta obstáculos significativos, con parte de su delegación sin visas y la obligación de entrar y salir del país el mismo día de sus partidos. La Federación Iraní de Fútbol denunció la revocación de entradas para sus aficionados y la denegación de visados a varios miembros del personal, calificando la situación como "trato discriminatorio" y pidiendo la intervención de la FIFA. El equipo ha trasladado su base de operaciones a Tijuana, México, debido a las dificultades logísticas y diplomáticas. Otros incidentes incluyen el interrogatorio prolongado al futbolista iraquí Aymen Hussein y la denegación de entrada a su fotógrafo. Estas acciones han generado críticas internacionales, cuestionando la preparación de Estados Unidos como anfitrión y el cumplimiento de sus obligaciones. Las restricciones migratorias y de seguridad se suman a las tensiones logísticas, reabriendo el debate sobre los filtros de ingreso al país norteamericano.

Análisis político

Se observa una estrategia política por parte de la administración estadounidense de Donald Trump para aplicar políticas migratorias restrictivas, incluso en el contexto de un evento deportivo internacional como el Mundial. La negación de entrada a figuras deportivas y la imposición de condiciones estrictas a delegaciones específicas, como la iraní, buscan proyectar una imagen de firmeza en seguridad nacional y control fronterizo. La narrativa oficial se centra en la protección contra "actores malintencionados" y la aplicación de "razones muy sólidas" para estas decisiones. La selección iraní y el gobierno de Somalia emergen como los principales afectados, denunciando "trato discriminatorio" y exigiendo explicaciones. La FIFA, aunque organizadora del torneo, se ve limitada en su capacidad de intervención ante las decisiones soberanas de los países anfitriones en materia migratoria. La administración Trump, por su parte, parece ganar rédito político interno al mostrarse inflexible en temas de seguridad, mientras que las selecciones y países afectados enfrentan un escenario de desventaja y cuestionamiento sobre la equidad del evento.