A siete años del inicio de las protestas del 18 de octubre de 2019, los partidos que integran el oficialismo suscribieron en el exCongreso Nacional de Santiago la declaración titulada “Chile sin violencia: un compromiso con la paz”. El documento condena explícitamente la violencia como método de acción política, rechazando actos como la quema del Metro, los saqueos y las barricadas. Los firmantes, entre los que se encuentran la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, el Partido Republicano, Demócratas y el Partido Cristiano, enfatizaron que el Estado de Derecho no es negociable y reafirmaron su respaldo a las fuerzas de orden y seguridad. La iniciativa busca emplazar a los sectores de izquierda, específicamente al Partido Comunista y al Frente Amplio, a quienes los dirigentes oficialistas acusan de haber justificado, romantizado o avalado la violencia durante el estallido social. Según los líderes de los partidos firmantes, el objetivo es evitar que el país vuelva a caer en la lógica de destrucción que, a su juicio, deterioró la economía y la convivencia democrática. Además, el texto cuestiona las políticas de indultos y pensiones de gracia otorgadas durante la administración anterior, calificándolas como un premio a la violencia. Este gesto político se produce en un escenario donde el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha optado por no realizar actos conmemorativos oficiales, priorizando una mirada hacia el futuro. Mientras el oficialismo busca consolidar un relato de unidad contra la violencia, sectores como el Partido Nacional Libertario han criticado la postura de La Moneda, exigiendo acciones concretas como el indulto a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido. Por su parte, la izquierda ha descartado realizar actividades especiales para este aniversario, manteniendo una postura distante frente a la ofensiva comunicacional de la derecha.

Análisis político

La estrategia del oficialismo busca capitalizar el aniversario del 18-O para consolidar un relato de orden y responsabilidad institucional, utilizando la condena a la violencia como un mecanismo para marcar una línea divisoria clara con la izquierda. Al forzar un emplazamiento público, los partidos de gobierno intentan obligar a sus adversarios a realizar un mea culpa sobre su rol durante el estallido, lo que les permite fortalecer su base electoral y presentar a la derecha como el único garante de la estabilidad democrática frente a la supuesta instrumentalización del descontento social. En este evento, el gran ganador es el bloque oficialista, que logra cohesionarse en torno a una narrativa común y llenar el vacío dejado por la decisión del Ejecutivo de no realizar actos oficiales. Por el contrario, el Presidente Kast se encuentra en una posición compleja: al evitar la conmemoración, busca proyectar una imagen de estadista enfocado en el futuro, pero arriesga perder el control de la agenda ante sectores más radicales de su propio espectro, como los libertarios, quienes le exigen pasar de la retórica a la acción mediante indultos, evidenciando una tensión interna sobre cómo gestionar el legado político del estallido.

A siete años del estallido social de 2019, los partidos que integran el oficialismo suscribieron en el ex Congreso Nacional el documento titulado “Chile sin violencia: un compromiso con la paz”. La declaración condena explícitamente la violencia como método de acción política, rechazando actos como la quema del Metro, saqueos y barricadas. Los firmantes, entre los que se encuentran la UDI, RN, Evópoli, el Partido Republicano, Demócratas y el Partido Cristiano, reafirmaron su respaldo a las fuerzas de orden y seguridad. El texto incluye una crítica directa a sectores de izquierda, a quienes los dirigentes acusan de haber justificado, avalado y romantizado la violencia durante el estallido social para obtener réditos políticos. Asimismo, los partidos cuestionaron las políticas de indultos y pensiones de gracia otorgadas durante la administración anterior, argumentando que estas acciones premiaron la impunidad. La iniciativa busca establecer un compromiso transversal para evitar que el país vuelva a caer en la lógica de confrontación vivida en octubre de 2019. Este gesto político se produce mientras el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha optado por no realizar actos conmemorativos oficiales, priorizando una mirada hacia el futuro. La decisión presidencial ha generado tensiones internas, incluyendo críticas de sectores libertarios que exigen el cumplimiento de promesas de campaña, como el indulto a uniformados condenados. Mientras tanto, el oficialismo intenta consolidar un relato de unidad frente a las convocatorias de manifestaciones previstas para el aniversario.

Análisis político

La estrategia del oficialismo busca capitalizar el aniversario del 18-O para marcar una diferencia clara con la izquierda, utilizando la condena a la violencia como un eje articulador de su identidad política. Al firmar este compromiso, los partidos de gobierno intentan llenar el vacío dejado por la administración de Kast, que prefiere evitar la polarización de la fecha, y al mismo tiempo, buscan presionar a la oposición para que realice un mea culpa sobre su rol durante el estallido social. En este escenario, el oficialismo gana cohesión al presentarse como el bloque que defiende el Estado de Derecho, aunque pierde margen de maniobra ante las presiones de sectores libertarios que exigen acciones concretas, como los indultos a uniformados. La narrativa se construye mediante la contraposición entre el orden institucional y la supuesta complicidad de la izquierda con el vandalismo, lo que permite a la derecha disputar el relato histórico del 18-O y fortalecer su base electoral ante futuras movilizaciones.

Representantes de la UDI, Renovación Nacional, Partido Republicano, Evópoli, Partido Cristiano y Demócratas suscribieron el documento titulado “Chile sin violencia: un compromiso con la paz” en el exCongreso Nacional. La misiva condena explícitamente la violencia como método de acción política, rechazando actos como la destrucción del Metro, saqueos y barricadas ocurridos desde el 18 de octubre de 2019. Los firmantes sostienen que el estallido social fue instrumentalizado por sectores políticos que buscaron réditos electorales mediante la validación de la violencia. El texto incluye una crítica directa a la izquierda, señalando que partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista romantizaron la “primera línea” y justificaron la destrucción del patrimonio. Asimismo, los dirigentes cuestionaron las políticas de indultos y pensiones de gracia otorgadas durante la administración anterior, calificándolas como un premio a la delincuencia. La declaración enfatiza que el Estado de Derecho no es negociable y exige respaldo político y jurídico para las fuerzas de orden y seguridad. Este gesto político marca una diferencia con la postura del Gobierno del Presidente Kast, quien ha optado por no realizar actos conmemorativos oficiales y ha llamado a mantener una mirada de futuro. Mientras el oficialismo busca consolidar un relato de condena a la violencia, sectores libertarios han presionado al Ejecutivo para que concrete indultos a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos. La conmemoración se da en un clima de vigilancia ante posibles manifestaciones convocadas por organizaciones estudiantiles para el domingo.

Análisis político

La estrategia del oficialismo busca capitalizar el aniversario del 18-O para consolidar un relato de orden y seguridad, posicionándose como los defensores de la institucionalidad frente a una izquierda a la que acusan de haber instrumentalizado el descontento social. Al firmar esta declaración, los partidos de derecha y centro-derecha intentan marcar una agenda pública que obliga a sus adversarios a posicionarse sobre la violencia, buscando desgastar la narrativa de los sectores que apoyaron las movilizaciones de 2019. En este escenario, el gran ganador es el bloque oficialista al lograr una imagen de unidad en torno a la condena de la violencia, mientras que el Gobierno de Kast se encuentra en una posición compleja: pierde terreno ante los sectores libertarios que exigen acciones concretas como indultos, pero gana margen de maniobra al evitar una confrontación directa que podría polarizar aún más el ambiente. La izquierda, por su parte, pierde la iniciativa política al quedar a la defensiva, enfrentando el desafío de desmarcarse de la violencia sin renunciar a sus demandas sociales originales.