La Nueva EPS presentó sus estados financieros de 2023 y 2024 tras requerimientos judiciales y de la Superintendencia de Salud, revelando una crisis profunda con pérdidas de 4,8 billones de pesos y pasivos que ascienden a 22,5 billones. Estos informes, que muestran un patrimonio negativo, fueron publicados en medio de una fuerte tensión política entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario electo Abelardo De la Espriella. La administración interventora atribuyó parte del desbalance al hallazgo de un rezago histórico de cinco millones de facturas no registradas previamente en la contabilidad de la entidad. El presidente Petro defendió la intervención iniciada en abril de 2024, argumentando que esta medida permitió descubrir el presunto ocultamiento de obligaciones financieras por parte de directivos anteriores. El mandatario acusó a sectores políticos cercanos a De la Espriella de haber gestionado la entidad bajo esquemas de corrupción y solicitó al Ministerio de Hacienda reconocer una deuda de 11 billones de pesos como responsabilidad del Estado. Por su parte, expertos y figuras de la oposición cuestionaron la gestión de los cinco interventores designados en dos años, señalando que la situación financiera y operativa de la EPS ha empeorado bajo la administración gubernamental. La crisis financiera ha tenido consecuencias directas en la prestación del servicio, con reportes de falta de medicamentos, cierre de clínicas y protestas de usuarios en departamentos como Cesar y La Guajira. Mientras el gobierno saliente insiste en la liquidación de entidades en quiebra técnica, el equipo del gobierno entrante y organismos como la Contraloría advierten sobre el fracaso de las intervenciones actuales. La incertidumbre persiste sobre el futuro de los 11,5 millones de afiliados ante la falta de un proceso de empalme formal entre las administraciones.

Análisis político

Se observa una estrategia de confrontación narrativa donde el gobierno saliente utiliza la crisis financiera de la Nueva EPS para validar su tesis de corrupción en la administración privada del sistema de salud, buscando trasladar la responsabilidad política a sus opositores. Al vincular los hallazgos contables con el entorno del presidente electo, Petro intenta deslegitimar las críticas sobre su gestión y justificar la intervención como un ejercicio de transparencia, mientras el gobierno entrante utiliza la misma crisis para presentar al sistema de salud como un sector en cuidados intensivos que requiere un plan de choque urgente. En este escenario, el gran perdedor es el sistema de salud y los usuarios, quienes enfrentan la inestabilidad operativa derivada de la politización de la crisis y la falta de un empalme institucional. El gobierno saliente gana terreno en su narrativa de denuncia contra el modelo de intermediación, pero pierde credibilidad ante los informes técnicos que señalan el deterioro de los indicadores bajo su propia administración. Por su parte, el gobierno electo capitaliza el descontento social por la falla en los servicios, aunque hereda una bomba financiera que limita su margen de maniobra para el inicio de su mandato.

La Nueva EPS presentó sus estados financieros de 2023 y 2024 tras una orden judicial y requerimientos de la Superintendencia de Salud. Los informes revelan una crisis profunda con pérdidas de 4,8 billones de pesos en 2024, pasivos que ascienden a 22,5 billones y un patrimonio negativo. Esta situación ha generado una fuerte controversia sobre la gestión de la entidad, que permanece bajo intervención estatal desde abril de 2024. El presidente Gustavo Petro atribuyó el deterioro financiero a una supuesta administración irregular previa, señalando el hallazgo de cinco millones de facturas ocultas que habrían disfrazado la quiebra técnica de la entidad. El mandatario acusó a sectores políticos cercanos al presidente electo, Abelardo De la Espriella, de haber desfalcado la EPS y solicitó al Ministerio de Hacienda reconocer 11 billones de pesos como deuda pública. Por su parte, el empresario Enrique Vargas Lleras rechazó las acusaciones, calificando los estados financieros como carentes de rigor técnico y señalando que la crisis se agravó bajo la actual administración gubernamental. La situación ha impactado directamente a los usuarios, con reportes de suspensión de servicios, falta de medicamentos y protestas en departamentos como Cesar y La Guajira. Mientras el Gobierno saliente insiste en la responsabilidad de los privados en el manejo de los recursos, expertos y sectores de oposición advierten sobre la inestabilidad institucional causada por el cambio constante de interventores. El gobierno entrante deberá enfrentar una crisis financiera y operativa que pone en riesgo la atención de más de 11 millones de afiliados.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la narrativa de la 'corrupción heredada' frente a la 'gestión técnica fallida'. El presidente Petro utiliza la revelación de las cifras para deslegitimar a la administración anterior y a la oposición, vinculando el déficit financiero con actos de corrupción de sus adversarios políticos. Esta táctica busca trasladar la responsabilidad del colapso del sistema de salud hacia los actores privados y políticos que lideraron la entidad antes de la intervención, intentando blindar su propia gestión de las críticas por el deterioro de los indicadores. En este escenario, el gran perdedor es el sistema de salud y los pacientes, quienes enfrentan la incertidumbre de una entidad en quiebra técnica y una atención fragmentada. Políticamente, el evento profundiza la polarización entre el gobierno saliente y el entrante, dificultando cualquier proceso de empalme. Mientras Petro intenta consolidar la idea de que el Estado debe asumir la deuda para salvar el sistema, sus opositores construyen una narrativa de incompetencia administrativa, señalando que la intervención estatal no solo no resolvió los problemas, sino que aceleró la decadencia financiera de la EPS más grande del país.