El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, junto a la gerencia de Inravisión, denunció el uso de 7.255 millones de pesos provenientes del Ministerio de Educación y el DAPRE para financiar servicios de pauta y contenido digital. Estos recursos fueron ejecutados mediante convenios interadministrativos durante los meses de marzo, junio, julio y agosto de 2026, periodo que coincidió con la primera y segunda vuelta de la campaña presidencial. Las empresas 3D Mobile 3DM SAS y Prowess SAS figuran como las principales contratistas receptoras de estos fondos públicos. La ministra Alexandra Falla Zerrate cuestionó la priorización de estos gastos frente a las necesidades misionales de las carteras de Educación y la Vicepresidencia, especialmente en un contexto de dificultades financieras para el Estado. La investigación forma parte de una revisión integral a la contratación de Inravisión, que ya había detectado más de 1.051 contratos suscritos en 2026 por un valor superior a los 100.000 millones de pesos. Adicionalmente, se identificó la firma de 87 contratos por cerca de 4.000 millones de pesos durante los últimos días de la administración anterior, específicamente entre el 6 y el 7 de agosto. Ante la gravedad de los hallazgos, Inravisión solicitó formalmente el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para auditar la situación presupuestal. El Ministerio TIC enfatizó que estos movimientos plantean interrogantes sobre el uso de recursos públicos para influir en el electorado y la falta de criterios de austeridad. La entidad busca determinar si existieron irregularidades en la contratación y establecer las responsabilidades administrativas y disciplinarias correspondientes.

Análisis político

La estrategia del actual Ministerio TIC se centra en la auditoría forense de la administración saliente para capitalizar políticamente el descontento ciudadano frente al uso de recursos públicos. Al vincular directamente el dinero de la educación con la propaganda electoral, el gobierno actual construye una narrativa de negligencia y clientelismo, posicionándose como un ente fiscalizador que busca la transparencia y la austeridad en el manejo del Estado. En este escenario, el gobierno de Abelardo de la Espriella gana legitimidad al desmarcarse de las prácticas de su predecesor, mientras que el sector político vinculado al gobierno anterior pierde capital político al quedar expuesto ante la opinión pública. La narrativa se polariza entre la denuncia de un supuesto uso indebido de fondos para fines proselitistas y la defensa de la gestión administrativa previa, trasladando la resolución del conflicto a los entes de control como la Procuraduría y la Contraloría.