El ministro de Justicia, Fernando Rabat, autorizó una reducción de 36 meses de prisión a un hombre condenado originalmente a más de 20 años por violar y abusar sexualmente de su hija de 11 años. Este caso representa la mayor rebaja administrativa otorgada entre los 56 beneficios concedidos a agresores sexuales durante la actual administración. El condenado, quien ya se encuentra en libertad, fue sentenciado en 2009 sin acceso a beneficios carcelarios debido a la gravedad de los delitos y el vínculo familiar con la víctima. La revelación de este caso ha intensificado las críticas contra el Ministerio de Justicia por el procedimiento utilizado y la falta de notificación a las víctimas. Parlamentarios de oposición han confirmado que impulsarán una acusación constitucional contra el ministro Rabat tras una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados. El titular de la cartera ha defendido las medidas argumentando que se ajustan a criterios establecidos por la Corte Suprema y ha cuestionado la gestión de gobiernos anteriores. El debate político se ha visto tensionado por la exposición de casos similares ocurridos en administraciones previas, donde también se aplicaron rebajas administrativas. Mientras el Gobierno sostiene que sus decisiones siguen jurisprudencia vigente, la oposición enfatiza la falta de transparencia y el impacto en la justicia para las víctimas. La controversia continúa centrada en la discrecionalidad de estos decretos y la liberación efectiva de individuos sentenciados por delitos sexuales contra menores.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la confrontación directa mediante la comparación de gestiones, donde el oficialismo intenta normalizar las rebajas de penas citando jurisprudencia de la Corte Suprema y antecedentes de gobiernos anteriores para diluir su responsabilidad. Por otro lado, la oposición utiliza la indignación pública ante la liberación de agresores sexuales como una herramienta de fiscalización agresiva, buscando capitalizar el costo político de una medida que es percibida como una vulneración a la justicia de las víctimas. En este escenario, el gran perdedor es la legitimidad del sistema de justicia administrativa, que queda expuesto ante la opinión pública como un mecanismo opaco y carente de sensibilidad hacia las víctimas. El ministro Rabat se encuentra en una posición de alta vulnerabilidad política, mientras que la oposición gana terreno al posicionarse como defensora de la seguridad y la integridad de los menores, construyendo una narrativa que vincula la gestión ministerial con la impunidad.