El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ha enfatizado la necesidad de mantener el orden público durante las conmemoraciones del 11 de septiembre. Tras los incidentes registrados en la reciente Romería al Cementerio General, donde se detuvieron a 37 personas, la autoridad ha diferenciado explícitamente entre el derecho a la manifestación pacífica y los actos delictivos. El secretario de Estado subrayó que quienes utilizan estas instancias para atacar a Carabineros o causar daños no deben ser considerados manifestantes, sino delincuentes violentos. La estrategia del Ministerio de Seguridad se centra en un despliegue preventivo de las policías para evitar que las movilizaciones deriven en hechos de violencia. Arrau ha señalado que, si bien el derecho a la expresión está garantizado, este debe ejercerse cumpliendo las normas y sin afectar el derecho de terceros. El balance de los incidentes previos reveló que una parte significativa de los detenidos contaba con antecedentes penales, lo que refuerza la postura del gobierno sobre la naturaleza delictiva de los desmanes. Las autoridades han descartado organizar actos conmemorativos desde el ministerio, enfocándose exclusivamente en el resguardo de la seguridad. El ministro ha reiterado su respaldo a Carabineros y a las fuerzas de Control de Orden Público, destacando su labor en la contención de ataques con bombas incendiarias y piedras. Esta postura busca deslegitimar la violencia en el espacio público y asegurar que las jornadas de conmemoración se desarrollen bajo un marco de respeto a la ley.

Análisis político

La estrategia política del Ejecutivo se basa en la separación discursiva entre la movilización social legítima y la delincuencia, buscando aislar a los grupos violentos de las organizaciones políticas que convocan a las marchas. Al calificar a los encapuchados como delincuentes, el gobierno intenta recuperar el control del relato sobre el orden público, evitando que la violencia sea normalizada como parte de la conmemoración histórica. En este escenario, el gobierno gana legitimidad al presentarse como garante de la seguridad y el respeto a las instituciones, mientras que los sectores políticos que convocan a las marchas enfrentan el costo de la asociación con los desmanes. La narrativa se construye mediante la contraposición entre el respeto a la memoria y el rechazo a la destrucción, obligando a los actores políticos a posicionarse frente a la violencia para no ser vinculados con quienes alteran la paz social.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, condenó los disturbios ocurridos durante la tradicional romería al Cementerio General en conmemoración de las víctimas del golpe de Estado. La autoridad enfatizó la necesidad de distinguir entre las manifestaciones pacíficas y los actos de violencia, calificando a los responsables de ataques contra Carabineros y daños al camposanto como delincuentes. El operativo policial resultó en la detención de 37 personas, de las cuales un 60% mantenía órdenes judiciales vigentes por otros delitos. Los incidentes incluyeron enfrentamientos con personal de Control de Orden Público, el uso de bombas incendiarias y fuegos artificiales, además de daños en estaciones de Metro y el entorno del cementerio. El seremi de Seguridad de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, respaldó las declaraciones del ministro y subrayó que la violencia no puede ser normalizada bajo ninguna causa. La jornada también dejó un saldo de heridos, incluyendo al subdirector del recinto, quien fue agredido durante las escaramuzas. El Gobierno reafirmó su compromiso con el resguardo del orden público y el reconocimiento a la labor de las policías en el control de los desmanes. Arrau destacó que, a pesar de los incidentes, el Estado mantiene una política de fiscalización estricta y un aumento en la incautación de drogas a nivel nacional. La autoridad reiteró que el derecho a la manifestación no debe ser utilizado como escudo para la comisión de delitos.

Análisis político

La estrategia política del Ejecutivo se centra en la deslegitimación de los grupos violentos mediante una narrativa de orden público, buscando separar tajantemente la protesta social de la delincuencia común. Al etiquetar a los detenidos como delincuentes con antecedentes penales, el Gobierno intenta neutralizar el componente político de la conmemoración, desplazando el foco desde la memoria histórica hacia la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley. En este escenario, el Gobierno gana terreno al posicionarse como el garante del orden y el sentido común, mientras que los sectores que convocan a la marcha enfrentan el costo político de la asociación con los desmanes. La construcción de esta narrativa permite al oficialismo capitalizar el rechazo ciudadano a la violencia, mientras que los organizadores de la romería se ven obligados a desmarcarse de los grupos radicales para evitar que su causa sea eclipsada por los actos delictivos.