El Ministerio del Trabajo, bajo la dirección de la ministra Natalia Eugenia López Fuentes, emitió la Resolución 2708 de 2026 para dejar sin efectos 11 circulares expedidas entre septiembre de 2025 y julio de 2026. La cartera laboral argumentó que estos documentos excedían su función de orientación administrativa al crear obligaciones, procedimientos y sanciones sin el debido respaldo legal. La medida afecta lineamientos sobre trabajo doméstico, plataformas digitales, libertad sindical, estabilidad laboral reforzada y jornada laboral. La decisión ha generado un marcado choque político entre el actual Gobierno y sectores de la oposición. Mientras el Ministerio sostiene que la medida busca restaurar la seguridad jurídica y el principio de legalidad, figuras como el senador Iván Cepeda y la representante Jennifer Pedraza calificaron la acción como una agresión contra los derechos laborales. Por su parte, gremios empresariales como FENALCO celebraron la resolución, considerándola un alivio para la confianza del sector productivo y una corrección necesaria frente a lo que denominaron una reforma laboral no aprobada por el Congreso. El Ministerio aclaró que la derogatoria no elimina los derechos laborales fundamentales, los cuales siguen protegidos por la ley y la jurisprudencia vigente. No obstante, la eliminación de estas circulares obliga a la entidad a revisar y, en algunos casos, expedir nuevos instrumentos para orientar a los inspectores de trabajo. La representante Jennifer Pedraza anunció que demandará la resolución ante las autoridades judiciales por considerar que vulnera el principio de progresividad en los derechos sociales.

Análisis político

La estrategia del Gobierno de De la Espriella se centra en la depuración normativa para desmantelar lo que denomina una 'regulación por la puerta de atrás', buscando fortalecer la seguridad jurídica y reducir la discrecionalidad de los inspectores laborales. Al invalidar circulares que el empresariado percibía como una reforma laboral paralela, el Ejecutivo busca consolidar el apoyo del sector privado y marcar una ruptura clara con la política regulatoria del gobierno anterior, utilizando el argumento de la técnica jurídica como herramienta de legitimación política. En este evento, el sector empresarial resulta ganador al ver eliminadas directrices que consideraban cargas excesivas, mientras que los sindicatos y sectores del Pacto Histórico pierden capacidad de influencia en la vigilancia y control de las relaciones laborales. La narrativa se construye bajo una polarización marcada: el Gobierno presenta la medida como un ejercicio de orden y legalidad, mientras que la oposición la posiciona como un retroceso regresivo en la protección de los trabajadores, anticipando una batalla jurídica y política por el alcance de la reforma laboral.

El Ministerio del Trabajo, bajo la administración de De La Espriella, emitió la Resolución 2708 de 2026 para dejar sin efecto 11 circulares expedidas entre septiembre de 2025 y julio de 2026. La cartera laboral argumentó que estos documentos excedían las funciones de orientación administrativa al crear obligaciones, sanciones y procedimientos sin respaldo legal suficiente. La medida afecta temas sensibles como el trabajo doméstico, la libertad sindical, las plataformas digitales de reparto, la estabilidad laboral reforzada y la jornada laboral.

Análisis político

La estrategia del actual Gobierno se centra en la depuración regulatoria para revertir lo que denomina una 'reforma laboral por la puerta de atrás', buscando devolver la seguridad jurídica a los empleadores y limitar el poder de inspección de los funcionarios. Por su parte, la oposición, liderada por figuras como el senador Iván Cepeda y la representante Jennifer Pedraza, construye una narrativa de retroceso social, calificando la medida como una agresión contra los derechos de los trabajadores y una vulneración del principio de progresividad. En este escenario, el sector empresarial, representado por gremios como Fenalco, se posiciona como el principal ganador al ver eliminadas directrices que consideraban arbitrarias. En contraste, las centrales obreras y sectores del Pacto Histórico se presentan como los perdedores inmediatos, al perder herramientas de control que facilitaban la vigilancia de abusos laborales. La disputa traslada el debate sobre la reforma laboral del terreno legislativo al administrativo, anticipando una batalla jurídica en los tribunales.

El Ministerio del Trabajo, bajo la administración de De La Espriella, emitió la Resolución 2708 de 2026 para dejar sin efecto 11 circulares expedidas durante el gobierno de Gustavo Petro. La cartera laboral argumentó que estos documentos excedían su función de orientación administrativa al crear obligaciones, requisitos y procedimientos sancionatorios sin el debido respaldo legal. Entre los temas afectados se encuentran la libertad sindical, el trabajo doméstico, las plataformas digitales de reparto, la estabilidad laboral reforzada y la jornada laboral.

Análisis político

La estrategia del actual Gobierno se centra en la depuración normativa para restaurar la seguridad jurídica y limitar la discrecionalidad de los inspectores laborales, quienes bajo las circulares anteriores podían imponer sanciones basadas en interpretaciones administrativas. Esta medida favorece al sector empresarial, que ve en la derogatoria un alivio frente a lo que consideraban una reforma laboral paralela, mientras que sectores de oposición y centrales obreras denuncian un retroceso en la protección de derechos sociales y anuncian acciones legales. La narrativa del Gobierno se construye sobre el respeto a la jerarquía normativa y la separación de poderes, posicionándose como un garante de la legalidad frente a la supuesta extralimitación del Ejecutivo anterior. Por el contrario, la oposición utiliza el principio de progresividad y no regresividad para señalar una vulneración de los derechos de los trabajadores, transformando un debate técnico sobre técnica normativa en una confrontación ideológica sobre el modelo de relaciones laborales en el país.

El Ministerio del Trabajo, bajo la administración de De La Espriella, emitió la Resolución 2708 de 2026 para dejar sin efecto once circulares expedidas entre septiembre de 2025 y julio de 2026. La cartera laboral argumentó que estos documentos excedían su función de orientación administrativa al crear obligaciones, procedimientos y sanciones sin el debido respaldo legal. La medida afecta lineamientos sobre libertad sindical, trabajo doméstico, plataformas digitales, jornada laboral y estabilidad laboral reforzada. La ministra Natalia López Fuentes señaló que la decisión busca fortalecer la seguridad jurídica y corregir fallas estructurales en la técnica normativa de la gestión anterior. El Ministerio aclaró que la derogación no implica la eliminación de derechos laborales fundamentales, sino la corrección de instrumentos que mezclaban recomendaciones con mandatos exigibles. Se dispuso un periodo de revisión de 30 días para ajustar los protocolos internos y garantizar que las futuras directrices se ajusten a la jerarquía normativa vigente. La decisión generó reacciones opuestas entre los actores políticos y gremiales del país. Mientras el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, celebró la medida por devolver la confianza al empresariado, sectores de la oposición y centrales obreras como la CUT calificaron la acción como un retroceso en la protección de los trabajadores. La congresista Jennifer Pedraza anunció que demandará la resolución, argumentando una vulneración al principio de progresividad de los derechos sociales.

Análisis político

La estrategia del actual Gobierno se centra en una depuración regulatoria que busca desmantelar lo que denomina una 'reforma laboral de facto' implementada mediante actos administrativos. Al invalidar circulares que otorgaban facultades de inspección y control, el Ejecutivo busca reducir la discrecionalidad de los funcionarios públicos y limitar la intervención estatal en las relaciones privadas, alineándose con una narrativa de seguridad jurídica y respeto a la jerarquía normativa. En este escenario, el sector empresarial emerge como el principal ganador al ver eliminadas directrices que consideraban cargas excesivas y extralimitaciones de la autoridad. Por el contrario, los sindicatos y la oposición pierden herramientas de control directo sobre los empleadores, lo que intensifica la polarización. La construcción de narrativas es divergente: el Gobierno presenta la medida como un ejercicio de orden técnico y legalidad, mientras que la oposición la interpreta como un desmonte deliberado de las garantías laborales conquistadas.