El Ministerio de Transporte oficializó mediante la Circular 0317 la suspensión temporal de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE). Esta medida busca evitar un incremento de hasta 800.000 pesos en el costo de las licencias de conducción, cuyo valor total podría ascender de 1,4 a 2,2 millones de pesos. La ministra Elsa Noguera enfatizó que, aunque la Ley 2251 de 2022 sigue vigente, es necesario analizar objetivamente si los nuevos costos se traducen en mejoras reales para la seguridad vial. La revisión gubernamental se centra en el contrato interadministrativo suscrito con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), entidad que fue designada como operador único del sistema. Este acuerdo, proyectado a 20 años, tiene un valor estimado de 20 billones de pesos y ha sido objeto de críticas por parte de otras universidades públicas que reclamaron su derecho a participar. La exclusividad otorgada a la UNAD ha derivado en múltiples acciones de tutela, denuncias y solicitudes de revocatoria que ahora están bajo escrutinio ministerial. El proceso de evaluación de los CALE también enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en su estructuración y contratación. La cartera de Transporte investigará la capacidad operativa de los centros registrados y la legalidad del proceso previo, que incluye denuncias penales contra exfuncionarios de la administración anterior. Mientras se desarrolla esta auditoría, el trámite de licencias continuará bajo las condiciones actuales, garantizando el debido proceso y la seguridad jurídica del sector.

Análisis político

La estrategia del Ministerio de Transporte se fundamenta en una narrativa de protección al bolsillo ciudadano, distanciándose de las decisiones tomadas por la administración anterior. Al frenar un proyecto que se percibe como un monopolio costoso, la ministra Noguera busca capital político mediante la fiscalización de un contrato de gran envergadura, posicionándose como una gestora que prioriza la eficiencia y la transparencia sobre la implementación apresurada de políticas públicas. En este escenario, el Gobierno actual gana legitimidad al atender las quejas de diversos sectores académicos y ciudadanos, mientras que la administración anterior y la UNAD pierden terreno político y reputacional. La construcción de la narrativa oficial contrapone la seguridad vial con la carga económica, obligando a los defensores del modelo original a justificar la viabilidad financiera de un esquema que, bajo el escrutinio actual, aparece como una fuente de exclusividad contractual y sobrecostos injustificados.