Ministerio de Educación solicita derogar la Política Nacional de Sexualidad 2026-2035
Resumen
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, solicitó formalmente a la Secretaría Jurídica de la Presidencia iniciar el proceso para derogar la Resolución 1350 de 2026. Esta norma, adoptada en julio por cuatro ministerios, establece la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para la próxima década. La cartera educativa también propuso suspender cualquier actuación administrativa, presupuestal o pedagógica derivada de esta política mientras se adelanta su revisión.
Los argumentos presentados por la ministra cuestionan la legalidad de imponer obligaciones curriculares mediante una resolución administrativa. El documento advierte sobre una posible vulneración de la autonomía escolar y del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Asimismo, la ministra señaló inconsistencias en la financiación, las competencias de gasto y la vigencia de los instrumentos de planeación utilizados para proyectar la política hasta 2035.
La solicitud no implica la derogación inmediata de la norma, la cual permanece vigente mientras el Gobierno define su postura. El proceso requiere la elaboración de documentos técnicos y, eventualmente, una consulta pública. Hasta el momento, los ministerios de Salud, Trabajo y Culturas, que también suscribieron la resolución, no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la petición de la cartera de Educación.
Análisis Político
La estrategia del Ministerio de Educación se fundamenta en una revisión técnica y jurídica que busca limitar la injerencia del Estado en la autonomía de las instituciones educativas y las familias. Al cuestionar la validez de la resolución, la ministra Hoyos intenta frenar una política pública que considera extralimitada, utilizando argumentos de competencia legal y sostenibilidad presupuestal para deslegitimar la hoja de ruta establecida por la administración anterior.
En este pulso, el Gobierno se enfrenta a una tensión interna entre los ministerios firmantes, lo que podría derivar en una fractura de la agenda intersectorial. Ganan los sectores conservadores que ven en esta solicitud una defensa de la potestad parental y la autonomía escolar, mientras que pierden las organizaciones y entidades que diseñaron la política bajo un enfoque de derechos sexuales y reproductivos, quienes ahora ven en riesgo la continuidad de sus programas de prevención y atención.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
Sesgo mediático
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