El Ministerio de Defensa aclaró que ninguna fuente oficial confirmó que Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, un joven de 18 años abatido en un operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), fuera hijo de alias Pinocho. La entidad calificó las versiones circulantes como carentes de veracidad y sustento oficial, señalando que buscan desinformar sobre las acciones legítimas del Estado. El operativo, realizado el 21 de septiembre en la Sierra Nevada de Santa Marta, resultó en la muerte de siete personas, incluyendo a alias Cholo, segundo cabecilla de la organización criminal. La familia de Rodríguez Martínez, a través de videos difundidos en redes sociales, denunció que el joven era un trabajador civil ajeno a cualquier grupo armado y que no portaba armas al momento de los hechos. Esta versión fue respaldada por las propias ACSN, quienes afirmaron que el joven fue asesinado por una confusión de la Fuerza Pública. Organizaciones de víctimas han solicitado justicia, comparando el caso con los antecedentes de ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. La muerte de alias Cholo desencadenó un paro armado de 72 horas en Santa Marta y zonas del Magdalena y La Guajira, caracterizado por la quema de vehículos, cierre de comercios y restricciones a la movilidad. Ante la crisis de orden público, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó la militarización de la ciudad con el despliegue de 1.100 uniformados. El Ministerio de Defensa reiteró que la Fiscalía y Medicina Legal son las entidades encargadas de esclarecer las circunstancias exactas de las muertes ocurridas durante el despliegue militar.

Análisis político

Se observa una estrategia de control de daños por parte del Gobierno, que busca desvincularse de posibles errores operativos y señalamientos de ejecuciones extrajudiciales mediante la deslegitimación de versiones no oficiales. Al calificar la información sobre el parentesco del joven como una invención para desinformar, el Ejecutivo intenta proteger la imagen de la Fuerza Pública en un momento de alta tensión social y militarización. Por su parte, las ACSN utilizan la narrativa de la víctima civil para cuestionar la legitimidad de la operación militar y justificar su respuesta violenta como una supuesta defensa del territorio. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad al neutralizar a un cabecilla criminal, pero pierde terreno en la percepción pública ante las denuncias de posibles abusos contra civiles, lo que reactiva temores históricos sobre violaciones a los derechos humanos. La narrativa oficial se centra en la legalidad y el orden, mientras que la narrativa de los grupos armados y las familias afectadas se enfoca en la desproporción de la fuerza y la estigmatización de la población civil. La disputa por la verdad sobre la identidad y el rol de los fallecidos se convierte en un eje central de la confrontación política y comunicativa.