El presidente Abelardo de la Espriella anunció el traslado de 76 personas vinculadas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) hacia pabellones de máxima seguridad en otras regiones del país. Esta medida busca evitar que los detenidos continúen coordinando actividades criminales como extorsiones y asesinatos desde las cárceles desde los centros penitenciarios. La decisión se tomó tras una serie de ataques armados que afectaron la movilidad y el comercio en Santa Marta y el departamento del Magdalena. La ofensiva contra esta estructura criminal incluyó un operativo en el sector de Quebrada del Sol, donde fueron abatidos siete integrantes de la organización, entre ellos José Luis Pérez Villanueva, alias 'Cholo', quien era el segundo cabecilla y financiero. En la intervención participaron la Dirección Antinarcóticos de la Policía, la Fiscalía y la Fuerza Aérea, logrando además la captura de tres personas y la incautación de armamento de largo alcance. El mandatario calificó el resultado como un golpe directo a la capacidad operativa y financiera del grupo armado. El jefe de Estado aprovechó el balance para cuestionar que alias 'Cholo' hubiera sido designado como gestor de paz durante el gobierno anterior, calificando dicha política como una farsa. Asimismo, lanzó una advertencia directa al máximo cabecilla de la organización, Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', asegurando que las autoridades irán tras él. Expertos señalan que, si bien el operativo debilita la jerarquía de las ACSN, la organización mantiene una estructura compleja con capacidad de reclutamiento y control territorial histórico.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en una narrativa de mano dura y ruptura total con los modelos de negociación del pasado, utilizando la figura del 'gestor de paz' como un elemento de contraste para legitimar su política de seguridad. Al personalizar la lucha contra cabecillas específicos y trasladar a los detenidos, el Ejecutivo busca proyectar autoridad y control territorial inmediato ante la crisis de orden público, capitalizando políticamente el éxito militar para fortalecer su imagen de liderazgo frente al crimen organizado. El presidente De la Espriella gana legitimidad ante sectores que exigen resultados contundentes contra la inseguridad, mientras que las estructuras criminales pierden capacidad de mando y control sobre sus finanzas. La narrativa oficial construye una dicotomía entre el Estado y el terrorismo, desplazando la responsabilidad de la violencia hacia las herencias de la administración anterior. Por su parte, los grupos armados intentan contrarrestar esta presión mediante paros armados, buscando demostrar que, a pesar de las bajas, conservan influencia sobre la población civil.