El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció el traslado a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría de hallazgos preliminares por más de 9.800 millones de pesos. La revisión abarca contratos ejecutados entre noviembre de 2024 y julio de 2026, periodo correspondiente a la administración de Gustavo Petro. La ministra Claudia Benavides informó que se han congelado los pagos y suspendido nuevas adiciones presupuestales para los contratos bajo sospecha. Las irregularidades denunciadas incluyen el pago de 32.300 almuerzos sin registros de beneficiarios, servicios certificados antes de su ejecución y precios sin justificación técnica. También se reportaron eventos masivos para miles de personas que, según la cartera, carecían de soportes sobre la infraestructura necesaria para su realización. La ministra cuestionó además la celebración de contratos logísticos durante el periodo de Ley de Garantías. La funcionaria enfatizó que estos hallazgos son preliminares y no constituyen una sentencia judicial o disciplinaria. Corresponde ahora a los entes de control verificar la información y determinar las responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias de los involucrados. El Ministerio reiteró que los recursos destinados a la investigación deben ser protegidos y orientados exclusivamente al desarrollo científico del país.

Análisis político

La estrategia política de la actual administración se centra en la narrativa de la 'limpieza institucional' y la fiscalización de la gestión previa, utilizando el hallazgo de irregularidades administrativas para deslegitimar el uso de recursos públicos durante el gobierno de Gustavo Petro. Al calificar los hechos como 'ciencia de papel', la ministra Benavides busca capitalizar el descontento ciudadano frente a la corrupción, posicionando a su cartera como un ente que protege los recursos destinados a la investigación y a los jóvenes científicos. El principal perdedor político es la administración anterior, cuya gestión es puesta bajo sospecha por presuntas prácticas de clientelismo y malversación, especialmente en el contexto de la Ley de Garantías. Por otro lado, la actual ministra gana capital político al presentarse como una figura técnica y rigurosa que toma medidas correctivas inmediatas. Esta confrontación narrativa permite al gobierno actual marcar una distancia clara con su predecesor, utilizando los entes de control como validadores de su gestión de transparencia.