Gonzalo Migueles, expareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, declaró ante la Fiscalía que la magistrada estaba al tanto de los pagos que él recibiría por parte del abogado Eduardo Lagos. Estos pagos estaban condicionados a que el consorcio Belaz-Movitec obtuviera resultados favorables en recursos judiciales tramitados en la Tercera Sala, la cual era presidida por Vivanco. El testimonio, entregado el 3 de septiembre, contradice versiones previas donde ambos negaban cualquier conocimiento sobre estos acuerdos económicos. La declaración detalla que Migueles actuó como intermediario para agilizar causas, incluyendo el caso de la Inmobiliaria Fundamenta, recibiendo compensaciones económicas que, según admitió, fueron utilizadas para gastos comunes de la pareja. El Ministerio Público valoró esta información como una colaboración sustancial, lo que permitió a Migueles obtener el cambio de su medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total a finales de septiembre. La revelación implica directamente a la exjueza en el conocimiento de un conflicto de interés mientras ejercía sus funciones jurisdiccionales. Las defensas de los otros involucrados han cuestionado la veracidad del nuevo relato, argumentando que las contradicciones responden a una estrategia procesal para mejorar la situación legal de Migueles. Por su parte, expertos judiciales señalan que este testimonio debilita significativamente la línea de defensa de Vivanco, quien enfrenta cargos por su participación en la denominada trama bielorrusa. La investigación continúa mientras se analizan los nuevos antecedentes sobre las gestiones realizadas para acelerar fallos judiciales a cambio de dinero.

Análisis político

La estrategia observada en este caso refleja un quiebre en la defensa corporativa de los imputados, donde la colaboración con el Ministerio Público se utiliza como una herramienta de supervivencia procesal. Al romper el pacto de silencio inicial, Migueles busca obtener beneficios penitenciarios, mientras que la Fiscalía consolida su caso contra la exministra al transformar a un coimputado en un testigo clave que confirma el conocimiento previo de la irregularidad. En este escenario, la principal perdedora es la exministra Vivanco, cuya narrativa de inocencia queda desmantelada ante la evidencia de una coordinación directa para influir en fallos judiciales. Por otro lado, el Ministerio Público gana legitimidad al avanzar en una investigación de alta complejidad que involucra a la cúpula del Poder Judicial, construyendo una narrativa de corrupción sistémica que presiona a los demás actores involucrados a reevaluar sus propias estrategias de defensa ante la contundencia de los nuevos antecedentes.

Gonzalo Migueles, expareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, entregó una nueva declaración ante el Ministerio Público donde admite que la exmagistrada estaba al tanto de los pagos que él recibiría por parte del abogado Eduardo Lagos. Según el testimonio, Vivanco conocía el acuerdo económico desde septiembre de 2023, antes de que ella votara a favor del consorcio Belaz-Movitec en una disputa contra Codelco. Esta resolución judicial obligó a la estatal a desembolsar cerca de 4.400 millones de pesos. El relato de Migueles contradice directamente las versiones previas entregadas tanto por él como por la exministra, quienes anteriormente habían negado cualquier conocimiento mutuo sobre los dineros involucrados. El contador detalló haber recibido 95 mil dólares en cinco pagos, reconociendo que parte de estos fondos fueron utilizados para gastos personales compartidos con Vivanco. La Fiscalía valoró esta nueva versión como una colaboración sustancial, lo que permitió que Migueles obtuviera la libertad tras dejar la prisión preventiva a finales de septiembre. La defensa de los otros abogados involucrados y la de Eduardo Lagos han cuestionado la veracidad del nuevo testimonio, argumentando que responde a una estrategia procesal para mejorar la situación cautelar del declarante. Por su parte, la exministra Vivanco se ha limitado a señalar que no conoce el contenido de esta nueva declaración. El caso, conocido como la trama bielorrusa, mantiene a la exjueza bajo medidas cautelares mientras se investiga la posible venta de fallos judiciales.

Análisis político

La estrategia observada en este caso refleja una dinámica de colaboración judicial donde los imputados buscan beneficios procesales mediante la entrega de información que compromete a figuras de mayor jerarquía. Al cambiar su versión, Migueles no solo busca su libertad, sino que traslada la responsabilidad penal hacia la exministra, debilitando la defensa de esta última y complicando su posición ante el Ministerio Público. Este movimiento táctico es común en investigaciones de alta complejidad donde la cooperación se convierte en la principal moneda de cambio para evitar la cárcel. En este escenario, la Fiscalía se posiciona como el actor que gana mayor control sobre la narrativa del caso al obtener una confesión que vincula directamente a la exjueza con los pagos. Por el contrario, Ángela Vivanco pierde legitimidad y capacidad de defensa, al quedar expuesta por quien fuera su pareja. La construcción de narrativas se vuelve un campo de batalla donde la defensa de Vivanco intenta desestimar el testimonio por su falta de espontaneidad, mientras que la Fiscalía lo utiliza para consolidar la tesis de una red de corrupción judicial.

Gonzalo Migueles, expareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, entregó una nueva declaración ante la Fiscalía donde admite que la exmagistrada estaba al tanto de los pagos que él recibiría por parte del abogado Eduardo Lagos. Según el testimonio, Migueles informó a Vivanco en septiembre de 2023 sobre el acuerdo económico vinculado a resultados favorables para el consorcio Belaz-Movitec en su disputa contra Codelco. Esta versión contradice los testimonios previos de ambos, en los cuales negaban cualquier conocimiento de los pagos o gestiones irregulares. El relato detalla que Migueles actuó como intermediario para acelerar la tramitación de recursos judiciales en la Tercera Sala, presidida en ese entonces por Vivanco. El imputado reconoció haber recibido cinco pagos que suman 95 mil dólares, los cuales fueron utilizados parcialmente para gastos personales y de la pareja. Tras la intervención, la sala falló a favor del consorcio, obligando a Codelco a realizar un desembolso superior a los 4.400 millones de pesos. La Fiscalía valoró esta declaración como una colaboración sustancial, lo que permitió a Migueles obtener el cambio de su medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario a finales de septiembre. Por su parte, la defensa de los abogados involucrados ha cuestionado la veracidad del nuevo relato, argumentando que responde a una estrategia procesal para mejorar la situación legal del declarante. Vivanco, actualmente bajo arresto domiciliario, no ha emitido comentarios sobre esta nueva versión de los hechos.

Análisis político

La estrategia observada en este caso refleja una dinámica de 'colaboración premiada' donde los imputados ajustan sus narrativas para obtener beneficios procesales, debilitando la defensa de los actores principales. El uso de intermediarios para influir en decisiones judiciales revela una red de tráfico de influencias que busca normalizar la gestión de intereses privados dentro del máximo tribunal, utilizando la cercanía personal como herramienta de presión política y administrativa. En este escenario, el Ministerio Público se posiciona como el gran ganador al obtener información clave para desarticular la trama, mientras que la exministra Vivanco pierde toda capacidad de defensa creíble al quedar expuesta por su propia expareja. La construcción de narrativas se divide entre la Fiscalía, que busca consolidar la tesis de cohecho, y las defensas de los abogados, que intentan deslegitimar el testimonio calificándolo como una invención interesada para eludir la cárcel.