Más de 100 alcaldes de diversas regiones y tendencias políticas han solicitado formalmente al Presidente José Antonio Kast aplicar un veto presidencial al mecanismo de compensación municipal derivado de la exención de contribuciones. Los jefes comunales argumentan que la fórmula actual del Ejecutivo es regresiva, ya que concentra los recursos en comunas de mayores ingresos y profundiza las desigualdades territoriales existentes. La petición busca que los 200 millones de dólares comprometidos sean transferidos íntegramente al Fondo Común Municipal para garantizar una distribución más equitativa. Los ediles, entre quienes destacan figuras como Tomás Vodanovic y Karina Delfino, sostienen que el sistema propuesto por el Gobierno utiliza impuestos generales, como el IVA, para financiar beneficios en comunas acomodadas como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Esta postura se contrapone a la de 76 alcaldes oficialistas que respaldaron la propuesta gubernamental la semana pasada. Los firmantes de la nueva declaración representan a más de 7,2 millones de habitantes, superando en representatividad a los municipios que apoyan la medida del Ejecutivo. La solicitud incluye un llamado al Mandatario para abandonar la lógica de "todo o nada" y abrir una instancia de diálogo técnico y político con el mundo municipal. Los alcaldes enfatizan que no buscan un aumento en el gasto total, sino una reconfiguración del mecanismo de reparto para fortalecer a los territorios con mayores necesidades. La discusión se mantiene abierta en el Congreso, donde los ediles esperan que el Ejecutivo acceda a revisar la propuesta mediante un veto aditivo.

Análisis político

La estrategia política observada revela una pugna por la legitimidad territorial, donde los alcaldes de oposición utilizan la representatividad demográfica para desafiar la narrativa de eficiencia del Gobierno. Al proponer el Fondo Común Municipal como alternativa, los ediles construyen un relato basado en la justicia social y la equidad, posicionando al Ejecutivo en una postura de defensa de intereses minoritarios y regresivos. Esta maniobra busca forzar al Presidente Kast a elegir entre mantener su disciplina legislativa o ceder ante una presión municipal transversal que amenaza con desgastar su capital político en las regiones. En este escenario, los alcaldes de oposición ganan visibilidad como defensores de la descentralización y la equidad, mientras que el Gobierno pierde terreno al ser percibido como un actor que favorece a las comunas más ricas del país. La construcción de narrativas es divergente: el Ejecutivo defiende la compensación como un cumplimiento de su programa de exención tributaria, mientras que los alcaldes la presentan como una política pública injusta que profundiza la brecha entre los ciudadanos. La resolución de este conflicto dependerá de si el Ejecutivo opta por el diálogo o mantiene su postura de confrontación, lo que definirá el costo político de la reforma en el mediano plazo.