María Consuelo Córdoba, sobreviviente de un ataque con ácido ocurrido hace 26 años en Bogotá, ha vuelto a solicitar públicamente el acceso a la eutanasia. La mujer de 58 años relató que, tras someterse a cerca de 87 cirugías reconstructivas, enfrenta graves dificultades económicas y secuelas físicas permanentes que han deteriorado su calidad de vida. Su testimonio destaca la falta de apoyo estatal sostenido y las barreras que aún persisten para las víctimas de violencia con agentes químicos en el país. Capital Salud, la EPS encargada de su atención, emitió un comunicado oficial para precisar la situación jurídica y médica de la paciente. La entidad aseguró que Córdoba cuenta con la autorización para el procedimiento de eutanasia desde hace cuatro años, desmintiendo que el caso se encuentre en una etapa de espera por aprobación administrativa. La EPS enfatizó que la ejecución del procedimiento depende exclusivamente de la voluntad libre y autónoma de la paciente, reafirmando su compromiso de acompañamiento. El caso ha generado un debate sobre la atención integral a las víctimas de violencia de género y la efectividad de las promesas de ayuda institucional. Mientras la paciente sostiene que no ha recibido el respaldo necesario para sus tratamientos, la entidad prestadora de salud insiste en que ha garantizado intervenciones quirúrgicas y atención médica continua. La historia de Córdoba, marcada por la precariedad económica y el dolor físico, pone de relieve las brechas en el sistema de salud para casos de alta complejidad.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la gestión de la imagen institucional frente a la opinión pública, donde la EPS busca deslindarse de la responsabilidad por la demora en el procedimiento mediante la aclaración de que la autorización ya existe. Esta narrativa traslada la carga de la decisión final a la paciente, convirtiendo un problema de salud pública y falta de recursos en un ejercicio de autonomía individual, lo que permite a la entidad evitar cuestionamientos sobre la calidad y oportunidad de la atención prestada. En este escenario, la paciente pierde al quedar atrapada en una narrativa de vulnerabilidad extrema donde su sufrimiento es utilizado para visibilizar fallas estatales, mientras que la EPS gana al blindarse legalmente ante posibles acusaciones de negligencia. La construcción de narrativas es divergente: por un lado, la víctima apela a la compasión y al incumplimiento de promesas de ayuda estatal, y por otro, la institución utiliza un lenguaje técnico y administrativo para normalizar su gestión y cerrar el debate sobre su responsabilidad en la crisis personal de la mujer.