El Gobierno presentó ante el Congreso la Ley de Rescate Económico, un proyecto que busca modificar el sistema de cotización a salud y el impuesto de renta para personas naturales. La iniciativa establece un esquema de aportes a salud progresivo, donde los trabajadores que devengan más de dos salarios mínimos verán incrementos en sus contribuciones, alcanzando hasta un 8% para los rangos de ingresos más altos. Por el contrario, el Ejecutivo aclaró que quienes ganan entre dos y tres millones de pesos no experimentarán cambios significativos en sus ingresos mensuales por estos conceptos. La propuesta también contempla una reducción en el umbral de ingresos gravables, bajando el límite de 1.090 a 720 UVT anuales, lo que ampliaría la base de contribuyentes obligados a declarar renta. Se introduce una tarifa marginal del 9% para el tramo entre 720 y 1.090 UVT, además de una disminución en los beneficios tributarios como la renta exenta laboral y la eliminación de deducciones por dependientes. El Ministerio de Hacienda precisó que el pago efectivo del impuesto comenzaría a afectar a personas con ingresos brutos cercanos a los cinco millones de pesos mensuales, desmintiendo versiones que sugerían una carga tributaria desde los tres millones. El proyecto incluye medidas adicionales como el aumento del IVA al 19% para productos que actualmente tributan al 5% y una reducción gradual en la tarifa de renta para empresas, buscando incentivar la inversión y evitar un posible déficit fiscal en 2027. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de estas medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del país, diversos sectores han expresado inquietudes sobre el impacto en el bolsillo de los trabajadores de ingresos medios. La aprobación final de estas disposiciones dependerá del debate legislativo en el Congreso de la República.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se centra en la narrativa de la responsabilidad fiscal, presentando la reforma como una medida necesaria para evitar un colapso económico y un posible default en 2027. Al proponer una mayor progresividad en los aportes a salud y renta, el Ejecutivo intenta equilibrar la carga tributaria, buscando simultáneamente aliviar la presión sobre las microempresas para fomentar la creación de empleo, mientras amplía la base de contribuyentes personas naturales para incrementar el recaudo. En este escenario, el Gobierno asume el costo político de aumentar la carga tributaria a la clase media y a los trabajadores de ingresos medios, intentando mitigar el descontento mediante aclaraciones técnicas sobre los umbrales de pago. Los grandes ganadores, bajo la lógica del proyecto, serían las pequeñas empresas que verían reducida su tarifa de renta, mientras que los trabajadores de ingresos medios y altos se perfilan como los principales afectados por la pérdida de beneficios tributarios y el aumento en los aportes a seguridad social.