Las exdirectoras del Dapre, Angie Rodríguez y Laura Sarabia, han protagonizado un cruce de declaraciones sobre la gestión del gobierno del expresidente Gustavo Petro. Rodríguez denunció presuntos episodios de violencia física y verbal por parte de la ex primera dama Verónica Alcocer contra el exmandatario y otros funcionarios, además de cuestionar el uso de aeronaves oficiales para fines no esclarecidos. Estas acusaciones respaldan los señalamientos previos de Eva Ferrer sobre una supuesta red de corrupción y maltratos en el entorno presidencial. Laura Sarabia, por su parte, negó categóricamente haber presenciado el ingreso de bolsas con dinero a la residencia privada o tener conocimiento de irregularidades en los viajes de Alcocer. La exfuncionaria enfatizó que su labor se limitaba a las competencias de su cargo y que las denuncias deben ser presentadas formalmente ante las autoridades judiciales con pruebas concretas. Sarabia desestimó las acusaciones de chantaje en su contra y subrayó que las responsabilidades por actos ilícitos son individuales. El expresidente Gustavo Petro rechazó las versiones de Rodríguez y Ferrer, calificándolas como una matriz de falsedad destinada a desprestigiar su administración. El exmandatario anunció acciones judiciales contra quienes han formulado señalamientos en su contra y contra su exesposa, instando a los denunciantes a entregar evidencias ante la Fiscalía. La controversia se centra ahora en la validez de los testimonios frente a la falta de denuncias formales y la confrontación de narrativas entre los excolaboradores del gobierno.

Análisis político

Se observa una estrategia de defensa basada en la judicialización de la política, donde el expresidente Petro busca trasladar el debate del terreno mediático al judicial para invalidar las acusaciones. Al exigir pruebas formales y anunciar acciones legales por calumnia, el exmandatario intenta contener el desgaste reputacional y deslegitimar a sus denunciantes, presentándolas como figuras motivadas por intereses clientelistas o resentimientos personales. En este escenario, el mayor riesgo político recae sobre la imagen del gobierno anterior, mientras que las denunciantes buscan capitalizar el descontento público mediante revelaciones de alto impacto. La construcción de narrativas es divergente: mientras Rodríguez y Ferrer apelan a la denuncia de una supuesta 'mafia' interna y abusos de poder, Sarabia y Petro se posicionan como defensores de la institucionalidad y la verdad procesal, intentando aislar las acusaciones como hechos aislados o falsedades sin sustento probatorio.