La exdirectora del Dapre, Laura Sarabia, negó haber presenciado el ingreso de bolsas con dinero a la Casa de Nariño o tener conocimiento de viajes no oficiales de la ex primera dama, Verónica Alcocer. Sarabia enfatizó que sus funciones se limitaban a la jefatura de gabinete y al despacho presidencial, subrayando que cualquier irregularidad debe ser denunciada formalmente ante las autoridades. Asimismo, desestimó las acusaciones de un supuesto chantaje al expresidente Gustavo Petro y reiteró que las responsabilidades por actos ilícitos son individuales. Paralelamente, la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, denunció haber presenciado agresiones físicas y verbales de Verónica Alcocer contra el expresidente Gustavo Petro en febrero de 2025. Rodríguez afirmó que, ante los gritos y golpes escuchados desde su oficina, solicitó la intervención del personal de seguridad, quienes se negaron a actuar al considerar que se trataba de situaciones habituales. Estos testimonios respaldan las acusaciones previas de Eva Ferrer sobre un presunto entorno de violencia y corrupción en la residencia presidencial. El expresidente Gustavo Petro rechazó las declaraciones de Rodríguez, calificándolas como una matriz de falsedad y anunciando acciones judiciales por calumnia. Petro negó la existencia de un pacto criminal con Alcocer y defendió la integridad de su gestión, instando a los implicados a presentar pruebas ante la Fiscalía. El exmandatario sostuvo que su decisión de retirar a Rodríguez del cargo respondió a desacuerdos sobre el manejo político y clientelista de entidades estatales.

Análisis político

Se observa una estrategia de defensa basada en la deslegitimación de los denunciantes y la exigencia de pruebas judiciales, buscando trasladar el debate del ámbito mediático al judicial. Mientras los denunciantes construyen una narrativa de 'pacto de silencio' y violencia interna para erosionar la imagen del gobierno anterior, los exfuncionarios señalados intentan blindarse mediante la desvinculación de responsabilidades y la acusación de intereses políticos ocultos en las denuncias. El principal perdedor político es la imagen institucional del gobierno de Gustavo Petro, cuya estabilidad interna es cuestionada por testimonios que sugieren un ambiente de caos y presunta corrupción. Por su parte, los denunciantes ganan visibilidad pública, aunque su éxito a largo plazo dependerá de la capacidad de la Fiscalía para validar sus testimonios, mientras que Sarabia y Petro apuestan por la vía penal para intentar neutralizar el impacto de las acusaciones y recuperar el control de la narrativa pública.

Laura Sarabia, exdirectora del Dapre, negó haber presenciado el ingreso de bolsas con dinero a la Casa de Nariño o tener conocimiento de irregularidades por parte de la ex primera dama, Verónica Alcocer. La exfuncionaria cuestionó la veracidad de las denuncias realizadas por Eva Ferrer y Angie Rodríguez, instándolas a presentar pruebas ante las autoridades competentes en lugar de difundir acusaciones en entrevistas periodísticas. Sarabia enfatizó que su gestión se limitó a sus competencias y que las responsabilidades por actos indebidos son individuales. Las declaraciones de Sarabia surgen tras una serie de denuncias públicas de Angie Rodríguez, quien afirmó haber presenciado agresiones físicas de Alcocer hacia el expresidente Gustavo Petro y cuestionó el uso de aeronaves oficiales para el presunto transporte de dinero o sustancias ilícitas. Rodríguez también señaló la existencia de un supuesto pacto de silencio entre la pareja presidencial para encubrir irregularidades administrativas. Por su parte, el expresidente Petro rechazó estas versiones, calificándolas como una matriz de falsedad y defendiendo la legalidad de su administración. La controversia ha escalado con la citación de la Procuraduría a Eva Ferrer y otros implicados para que rindan testimonio sobre los hechos denunciados. Mientras las exdirectoras del Dapre insisten en la existencia de una red de influencias y maltratos en el entorno presidencial, Sarabia y Petro han solicitado que los señalamientos se diriman exclusivamente en el ámbito judicial. La situación pone de relieve una fractura interna en el círculo cercano al anterior gobierno, con versiones contrapuestas sobre la dinámica de poder y el manejo de recursos públicos.

Análisis político

Se observa una estrategia de defensa basada en la deslegitimación de las denunciantes, trasladando la carga de la prueba del ámbito mediático al judicial. Al exigir pruebas formales y cuestionar la oportunidad de las denuncias, los actores del gobierno anterior buscan neutralizar el impacto político de los testimonios, presentándolos como retaliaciones personales o actos de omisión por parte de quienes, en su momento, no denunciaron las supuestas irregularidades. En este escenario, el costo reputacional es alto para todas las partes involucradas, pero la narrativa se polariza entre quienes denuncian una estructura de corrupción y maltrato, y quienes defienden la institucionalidad del mandato anterior. Gana terreno la incertidumbre sobre la veracidad de los hechos, mientras que la credibilidad de las instituciones de control queda en el centro del debate, dependiendo de la celeridad y transparencia con la que se procesen las pruebas presentadas ante la Fiscalía y la Procuraduría.

Las exdirectoras del Dapre, Angie Rodríguez y Laura Sarabia, han protagonizado un cruce de declaraciones sobre la gestión del gobierno del expresidente Gustavo Petro. Rodríguez denunció presuntos episodios de violencia física y verbal por parte de la ex primera dama Verónica Alcocer contra el exmandatario y otros funcionarios, además de cuestionar el uso de aeronaves oficiales para fines no esclarecidos. Estas acusaciones respaldan los señalamientos previos de Eva Ferrer sobre una supuesta red de corrupción y maltratos en el entorno presidencial. Laura Sarabia, por su parte, negó categóricamente haber presenciado el ingreso de bolsas con dinero a la residencia privada o tener conocimiento de irregularidades en los viajes de Alcocer. La exfuncionaria enfatizó que su labor se limitaba a las competencias de su cargo y que las denuncias deben ser presentadas formalmente ante las autoridades judiciales con pruebas concretas. Sarabia desestimó las acusaciones de chantaje en su contra y subrayó que las responsabilidades por actos ilícitos son individuales. El expresidente Gustavo Petro rechazó las versiones de Rodríguez y Ferrer, calificándolas como una matriz de falsedad destinada a desprestigiar su administración. El exmandatario anunció acciones judiciales contra quienes han formulado señalamientos en su contra y contra su exesposa, instando a los denunciantes a entregar evidencias ante la Fiscalía. La controversia se centra ahora en la validez de los testimonios frente a la falta de denuncias formales y la confrontación de narrativas entre los excolaboradores del gobierno.

Análisis político

Se observa una estrategia de defensa basada en la judicialización de la política, donde el expresidente Petro busca trasladar el debate del terreno mediático al judicial para invalidar las acusaciones. Al exigir pruebas formales y anunciar acciones legales por calumnia, el exmandatario intenta contener el desgaste reputacional y deslegitimar a sus denunciantes, presentándolas como figuras motivadas por intereses clientelistas o resentimientos personales. En este escenario, el mayor riesgo político recae sobre la imagen del gobierno anterior, mientras que las denunciantes buscan capitalizar el descontento público mediante revelaciones de alto impacto. La construcción de narrativas es divergente: mientras Rodríguez y Ferrer apelan a la denuncia de una supuesta 'mafia' interna y abusos de poder, Sarabia y Petro se posicionan como defensores de la institucionalidad y la verdad procesal, intentando aislar las acusaciones como hechos aislados o falsedades sin sustento probatorio.