El Presidente José Antonio Kast defendió la reforma constitucional de seguridad impulsada por su Gobierno, rechazando las críticas que la califican como una iniciativa de carácter iliberal. El mandatario enfatizó que el proyecto se encuentra en una etapa inicial de discusión y que el Poder Legislativo tiene la facultad de introducir cambios, restando dramatismo a los reparos expresados incluso por sectores del oficialismo. Asimismo, descartó retirar a Chile del Convenio 169 de la OIT, aunque reconoció la necesidad de revisar la Ley Lafkenche debido a presuntos abusos en su aplicación. La propuesta gubernamental contempla un nuevo estado de excepción constitucional que permitiría restringir libertades fundamentales y extenderse por periodos prolongados. Ante la falta de votos suficientes en el Senado, el Ejecutivo evalúa reducir la urgencia del proyecto para facilitar la construcción de acuerdos con otras bancadas. El Presidente subrayó que los detalles operativos de la medida serán definidos mediante una ley orgánica constitucional, manteniendo una postura abierta a la negociación parlamentaria. Estudios de opinión pública recientes reflejan un escenario complejo para la iniciativa, con una mayoría de encuestados que prefiere ajustes o el retiro temporal del proyecto para su reformulación. Si bien existe un respaldo general a la idea de modificar la Constitución para fortalecer la seguridad, las medidas específicas como la restricción de libertades de reunión y desplazamiento generan un rechazo significativo. La gestión del mandatario se mantiene estable en las encuestas, mientras el debate sobre la reforma continúa concentrando la atención política nacional.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en una apertura táctica hacia el diálogo legislativo para evitar una derrota política en el Senado, donde carece de mayoría propia. Al desdramatizar las críticas de sus aliados y mostrar disposición a modificar los plazos y alcances de la reforma, el Ejecutivo busca evitar el aislamiento y la percepción de rigidez, intentando transformar una propuesta controvertida en un proceso de negociación técnica que permita avanzar en su agenda de seguridad. El principal riesgo para el Gobierno es la desconexión entre el respaldo general a la idea de mayor seguridad y el rechazo ciudadano a las medidas restrictivas específicas. Mientras el oficialismo intenta capitalizar la demanda de orden público, la oposición y sectores críticos construyen una narrativa centrada en la defensa de las libertades civiles. En este contexto, el Ejecutivo pierde si la reforma se estanca en el Congreso, pero gana si logra ceder en los puntos más polémicos sin perder el control de la narrativa sobre la lucha contra el crimen organizado.