El presidente José Antonio Kast ha convocado a los presidentes de las comisiones de Constitución y Seguridad del Senado y la Cámara de Diputados a un desayuno en el Palacio de Cerro Castillo. El objetivo central es destrabar la agenda legislativa de seguridad tras los recientes reveses sufridos por el Ejecutivo en el Congreso, incluyendo el rechazo de una reforma migratoria. La instancia busca facilitar un diálogo directo con los parlamentarios encargados de tramitar estas iniciativas prioritarias para La Moneda. Paralelamente, el mandatario ha citado a las bancadas oficialistas para alinear posturas ante el inminente ingreso del proyecto de Presupuesto 2027. Este proceso ocurre en un contexto de tensiones internas y críticas por parte de sectores del oficialismo, que han cuestionado la conducción política del Gobierno tras las derrotas legislativas. Algunos parlamentarios han condicionado su apoyo a la presentación de planes concretos de financiamiento para las medidas de seguridad prometidas. El Partido Nacional Libertario, aunque invitado, declinó participar en la reunión oficialista para resguardar su autonomía política, solicitando una instancia separada con el Presidente. Mientras tanto, el Ejecutivo se ha mostrado abierto a retirar su reforma constitucional de seguridad si se logra un consenso con los legisladores sobre un texto alternativo. La coordinación de estos encuentros está a cargo del ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo refleja un intento de corregir el déficit de gestión política mediante la personalización de la negociación, trasladando el debate desde las oficinas ministeriales hacia la residencia presidencial. Al convocar directamente a los presidentes de comisiones, el Gobierno busca saltarse los bloqueos parlamentarios y construir acuerdos transversales que no dependan de mayorías ajustadas, reconociendo implícitamente que su agenda original carecía de los apoyos necesarios. En este escenario, el Gobierno gana al intentar recuperar la iniciativa política, pero pierde margen de maniobra al verse obligado a ceder en sus propuestas originales y negociar el financiamiento de sus promesas. Los actores opositores y los sectores díscolos del oficialismo capitalizan el momento al imponer condiciones, mientras se construye una narrativa donde el Ejecutivo es visto como un actor que debe 'reordenar sus filas' frente a un Congreso que exige mayor pragmatismo y resultados tangibles en seguridad y economía.