El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa admitió las impugnaciones presentadas por el Gobierno nacional contra la sentencia que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en el Putumayo. Esta decisión traslada el expediente al Tribunal Administrativo de Putumayo, instancia que deberá resolver en segunda instancia si mantiene o revoca la medida cautelar. El programa, autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, pretendía intervenir 1.000 hectáreas en nueve municipios del departamento como fase experimental. El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, argumentó que la suspensión es improcedente debido a que el piloto aún no ha iniciado y no existe una amenaza inminente. Las entidades sostienen que el proyecto cumple con los requisitos técnicos y que el 86,7% de los cultivos de coca en la región ya están excluidos de la aspersión por estar en zonas protegidas o bajo programas de sustitución. Por su parte, la jueza de primera instancia había ordenado el cese de actividades basándose en el principio de precaución y la falta de información suficiente sobre los impactos sanitarios y ambientales. Las comunidades locales y organizaciones sociales mantienen un rechazo generalizado al plan, citando experiencias negativas con fumigaciones pasadas y exigiendo alternativas de erradicación manual. Mientras el proceso judicial avanza, el ministro de Justicia, Iván Cancino, ha reiterado ante el Congreso que el piloto no busca experimentar con seres humanos, sino evaluar la eficacia del químico sobre los cultivos. El futuro de la estrategia antidrogas del presidente Abelardo de la Espriella depende ahora de la resolución que emita el Tribunal Administrativo.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en una narrativa de tecnocracia y cumplimiento normativo, buscando desestimar la oposición judicial mediante la presentación de salvaguardas territoriales y la distinción entre un 'piloto experimental' y una política de alcance nacional. Al impugnar el fallo, el Ejecutivo intenta recuperar la iniciativa política en su lucha contra los cultivos ilícitos, utilizando el argumento de la dificultad operativa de la erradicación manual en zonas minadas para justificar la necesidad de la aspersión aérea. En este escenario, el Gobierno asume un costo político alto al enfrentar la resistencia de las comunidades amazónicas, quienes construyen una narrativa de defensa de la vida y el medio ambiente frente a la imposición estatal. Gana el Ejecutivo si logra demostrar que el piloto es una herramienta científica controlada, pero pierde legitimidad si la justicia ratifica la falta de consulta previa y los riesgos sanitarios. La construcción de narrativas opuestas —seguridad y eficiencia técnica frente a derechos humanos y protección ambiental— convierte al Tribunal en el árbitro definitivo de la viabilidad política de la actual administración.