Justicia decreta prisión preventiva para exdirigente de Gendarmería Álex VegaActualizado · hoy
Resumen
El 12° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para Álex Vega Torres, exdirigente de la extinta Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), tras ser formalizado en el marco de la Operación Apocalipsis II. El Ministerio Público le imputó los delitos de cohecho agravado, lavado de activos y apremios ilegítimos con resultado de muerte, vinculados a su gestión en el penal Santiago 1. La medida cautelar deberá ser cumplida en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas).
La investigación sostiene que Vega utilizó su posición sindical para blindarse y facilitar redes de corrupción que permitieron el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles. Según la Fiscalía, el exdirigente recibió cerca de 248 millones de pesos en sus cuentas, de los cuales más de 131 millones carecen de justificación legal. Además, se le vincula directamente con la muerte de un interno ocurrida en 2018, caso que fue reabierto tras surgir nuevos antecedentes durante las pesquisas.
En la misma audiencia, su cónyuge, Grace Bascur, fue formalizada por lavado de activos, quedando sujeta a la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional. La Fiscalía ha manifestado su intención de estudiar la resolución respecto a la pareja de Vega para evaluar una posible apelación. Este proceso judicial busca desarticular una estructura que, según los antecedentes, habría generado ganancias ilícitas superiores a los 6.000 millones de pesos.
Análisis Político
La estrategia política observada se centra en la desarticulación de estructuras de poder gremial que, bajo el amparo del fuero sindical, lograron operar con impunidad dentro del sistema penitenciario. El Ministerio Público utiliza la figura de Vega como un caso emblemático para exponer cómo la inamovilidad laboral y la influencia sindical fueron instrumentalizadas para corromper la seguridad carcelaria, transformando una herramienta de protección laboral en un mecanismo de protección para actividades delictivas.
En este escenario, el Ministerio Público y la institucionalidad penitenciaria ganan legitimidad al avanzar en la depuración de sus filas, mientras que el gremialismo penitenciario pierde credibilidad y poder de negociación ante la opinión pública. La narrativa construida por la Fiscalía enfatiza la figura de Vega como un 'matón' que encarna la corrupción, contraponiéndola a la necesidad de orden y probidad en los recintos penales, lo que facilita el respaldo social a las medidas cautelares severas solicitadas.
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