Justicia condena a Enel y Metrogas a pagar indemnización por explosión en Recoleta
Resumen
El Decimoquinto Juzgado Civil de Santiago condenó a las empresas Enel y Metrogas a pagar solidariamente una indemnización de 365 millones de pesos. La resolución judicial establece que ambas compañías fueron negligentes en la mantención y coordinación de sus redes de distribución eléctrica y gas. Este fallo responde a una explosión ocurrida en septiembre de 2017 en la comuna de Recoleta, la cual causó graves daños estructurales y obligó a la demolición total de un edificio residencial.
La magistrada Carolina Montecinos determinó que el siniestro se originó cuando cables eléctricos deteriorados de Enel, carentes de aislación, perforaron una tubería de polietileno de Metrogas debido al calor emitido. El tribunal desestimó los argumentos de las empresas, quienes intentaron atribuir la responsabilidad a terceros o a la antigüedad de las instalaciones. Se acreditó que Metrogas incumplió normas de diseño al no mantener distancias de seguridad, mientras que Enel falló en su deber de conservar su red en condiciones que evitaran riesgos para la comunidad.
La sentencia marca el cierre de un proceso judicial que se extendió por casi una década tras el incidente que dejó a varias personas heridas. Enel Distribución ha manifestado su rechazo a la resolución, descartando un origen eléctrico en la explosión y anunciando que recurrirá a las instancias legales correspondientes. Por su parte, el fallo subraya que la falta de coordinación técnica entre ambas distribuidoras fue un factor determinante en la tragedia que afectó a los residentes del inmueble.
Análisis Político
En el contexto chileno, este evento evidencia una estrategia de litigación ciudadana prolongada frente a grandes empresas de servicios básicos, donde la responsabilidad civil se convierte en el principal mecanismo de reparación ante fallas de infraestructura. La narrativa judicial se construye sobre la base de la negligencia técnica y el incumplimiento de normativas de seguridad, desplazando los argumentos corporativos de 'intervención de terceros' que suelen utilizarse para diluir responsabilidades en casos de servicios públicos.
Los grandes ganadores son los afectados, quienes tras casi diez años logran una compensación económica y un reconocimiento judicial de la negligencia empresarial. Por el contrario, las empresas pierden reputacionalmente al quedar expuestas por fallas de coordinación básica y mantenimiento, lo que refuerza la percepción pública de vulnerabilidad ante la gestión de servicios esenciales. La construcción de narrativas es divergente: mientras el tribunal enfatiza el deber de cuidado y la seguridad pública, las empresas intentan mantener una postura defensiva basada en la tecnicidad y la apelación a instancias superiores para evitar la asunción de culpas.
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