Un jurado federal del Distrito Sur de Florida declaró al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega no responsable civilmente por la muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, ocurrida durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985. La demanda, presentada en 2022 por las hijas del magistrado, se fundamentó en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura de 1991, buscando establecer una responsabilidad económica por presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas. Durante el juicio de dos semanas, se presentaron testimonios de sobrevivientes y pruebas documentales, incluyendo videos y objetos personales de la víctima hallados en instalaciones militares. El presidente Abelardo De La Espriella celebró el veredicto calificando al oficial como un héroe de la patria y solicitó previamente al canciller y a la embajadora en Estados Unidos brindar acompañamiento estatal al exmilitar. Esta postura presidencial se alinea con su visión de que el coronel ha sido objeto de una persecución judicial, instando a que el Estado respalde a los miembros de la fuerza pública por actuaciones en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, Plazas Vega, tras conocer la decisión, pidió a la familia Urán reorientar sus investigaciones hacia los integrantes del M-19 responsables de la toma. La decisión judicial en Estados Unidos marca un hito en el litigio estratégico internacional sobre los hechos del Palacio de Justicia, diferenciándose de los procesos penales previos en Colombia donde el oficial fue absuelto por la Corte Suprema en 2015. Mientras la familia del magistrado buscaba justicia civil ante la falta de condenas específicas por el caso de Urán, la defensa logró desestimar las acusaciones al argumentar la falta de pruebas directas que vincularan al coronel con los hechos. El fallo cierra la instancia civil en territorio estadounidense, manteniendo la controversia sobre la responsabilidad de los mandos militares en la operación de 1985.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de defensa institucional y política que busca reivindicar la figura del militar como un símbolo de la lucha contra la insurgencia, utilizando el respaldo del Ejecutivo para legitimar su actuación histórica. Al calificar al coronel como un héroe, el presidente construye una narrativa que contrapone la legitimidad del Estado frente a lo que denomina una persecución judicial, fortaleciendo su base política y enviando un mensaje de respaldo a la fuerza pública frente a litigios internacionales. En este escenario, el principal ganador político es el sector que defiende la actuación militar en el Palacio de Justicia, al obtener un fallo favorable que refuerza su tesis de inocencia frente a las acusaciones de derechos humanos. Por el contrario, las víctimas pierden una vía de reparación civil en el extranjero, lo que profundiza la brecha narrativa entre quienes exigen verdad y justicia por las ejecuciones extrajudiciales y quienes sostienen que los hechos fueron una respuesta necesaria ante el terrorismo.