Un juez del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó suspender por seis meses el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) donde permanecen 62 excombatientes de los Comandos de Frontera. Esta decisión judicial responde a una acción de tutela que argumenta riesgos para la vida, la seguridad y el proceso de reincorporación de los integrantes de este grupo, vinculado a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. El fallo exige al Gobierno nacional avanzar en un plan interinstitucional de cierre adecuado durante este nuevo periodo de prórroga. El Gobierno de Abelardo De La Espriella había intentado previamente finalizar la ZUT mediante resoluciones administrativas, fijando plazos iniciales para el 30 de septiembre y posteriormente para el 3 de diciembre. La administración argumentó que el desmonte era necesario tras el fin de los espacios de diálogo, mientras que los excombatientes denunciaron obstáculos en salud, falta de medidas de protección y ausencia de redes de apoyo. La Defensoría del Pueblo respaldó estas preocupaciones al señalar que gran parte de los ocupantes carece de un lugar seguro al cual trasladarse. La medida judicial obliga a las entidades competentes, incluyendo la Fiscalía y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, a coordinar acciones para definir la situación jurídica de los excombatientes y garantizar una salida gradual. Aunque el Ejecutivo tiene la posibilidad de impugnar el fallo, la suspensión de los efectos del cierre se mantiene vigente por el periodo dictado por el juzgado. Este escenario prolonga la incertidumbre sobre el futuro de los integrantes de la ZUT y la capacidad del Estado para gestionar su transición a la vida civil.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se ha centrado en el desmonte administrativo de los espacios de diálogo heredados, buscando cerrar capítulos de la política de 'paz total' mediante resoluciones ejecutivas. Por su parte, los excombatientes han utilizado la vía judicial como un mecanismo de contención, logrando que el sistema de justicia actúe como un freno a la celeridad gubernamental bajo el argumento de la protección de derechos fundamentales. Esta dinámica evidencia una tensión entre la voluntad política del Ejecutivo de clausurar estos espacios y la obligación estatal de garantizar la seguridad de quienes se acogieron a procesos de paz. En este evento, los excombatientes ganan un margen de maniobra temporal que les permite evitar una salida forzada sin garantías, mientras que el Gobierno pierde el control sobre el cronograma de desmonte que había diseñado. La narrativa del Ejecutivo se construye sobre la necesidad de normalizar la institucionalidad y finalizar procesos de diálogo terminados, mientras que la contraparte construye una narrativa de vulnerabilidad y riesgo vital, logrando que el juez priorice la protección de derechos sobre la celeridad administrativa.