Presidente De La Espriella ordena cancelar contrato de exmagistrado Altus Baquero en MinInterior
Resumen
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, terminar el contrato de prestación de servicios suscrito con el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Altus Baquero. El vínculo contractual, valorado en 60 millones de pesos y con vigencia hasta finales de 2026, tenía como objetivo brindar asesoría jurídica especializada en temas de seguridad y convivencia ciudadana. La orden presidencial se produjo tras conocerse públicamente la contratación, la cual, según fuentes de Gobierno, no contaba con la autorización del mandatario.
Altus Baquero, quien ocupó un asiento en el tribunal electoral entre 2022 y 2026 con el aval del Partido Liberal, ha sido objeto de críticas por sectores políticos debido a su desempeño en el CNE. Durante su gestión, fue señalado por algunos congresistas de haber apoyado posturas afines al bloque petrista en decisiones clave, como la participación de Iván Cepeda en consultas interpartidistas. El exmagistrado ha negado sistemáticamente estas acusaciones, argumentando que no existen hechos verificables que respalden una alineación política con el gobierno anterior.
La controversia también involucra su papel en investigaciones sobre la financiación de campañas electorales y la personería jurídica de movimientos políticos. Baquero aclaró recientemente su postura sobre la presunta violación de topes de campaña del expresidente Gustavo Petro, señalando discrepancias técnicas en la contabilización de gastos. Tras la intervención del presidente De La Espriella, el contrato fue cancelado apenas una semana después de su firma, impidiendo que el exmagistrado desarrollara las funciones de análisis jurídico previstas para el despacho ministerial.
Análisis Político
La rápida reversión del contrato evidencia una estrategia de control centralizado por parte del presidente De La Espriella, quien busca evitar cualquier asociación de su administración con figuras vinculadas al periodo político anterior. Al desautorizar al ministro del Interior, el mandatario proyecta una imagen de vigilancia estricta sobre la burocracia ministerial, priorizando la coherencia ideológica de su gabinete frente a la autonomía técnica de sus subalternos.
En este evento, el presidente gana capital político ante su base electoral al reafirmar su distancia con el petrismo, mientras que el ministro Lara pierde margen de maniobra y autoridad política al verse obligado a corregir una decisión administrativa de su cartera. La narrativa se construye bajo la tensión entre la tecnocracia jurídica, representada por Baquero, y la lealtad política exigida por el actual Gobierno, donde cualquier vínculo con el pasado es interpretado como una amenaza a la solidez institucional del nuevo mandato.
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