Un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad otorgado al capitán de la Policía Óscar Leandro Mojica, quien se comprometió a colaborar con la justicia en el caso de las interceptaciones ilegales y el uso irregular del polígrafo contra Marelbys Meza. El oficial, que para la época de los hechos se desempeñaba como jefe de Hurtos a Residencias de la Sijín, aceptó declarar bajo juramento que fue la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, quien dio la orden directa de realizar la prueba a su exniñera. Este testimonio busca esclarecer la cadena de mando y las decisiones tomadas tras el reporte de un hurto en la residencia de la funcionaria en enero de 2023. El acuerdo judicial implica la suspensión parcial de la acción penal contra Mojica por el delito de violación ilícita de comunicaciones durante un año, a cambio de su testimonio contra otros implicados, entre ellos la actual embajadora en Londres, el coronel Carlos Feria y el mayor Duván Andrés Muñoz. La Fiscalía sostiene que el operativo utilizó recursos del Estado para fines particulares, incluyendo la falsificación de documentos para justificar interceptaciones telefónicas. El capitán Mojica, sin embargo, continúa vinculado a otros procesos penales por fraude procesal y falsedad en documento público. La relevancia de este testimonio radica en que podría ser la pieza clave para avanzar en investigaciones que han permanecido estancadas durante años. El caso, que también estuvo marcado por la muerte del coronel Óscar Dávila, ha generado diversas versiones sobre el uso de la fuerza pública en asuntos privados. Mientras la Fiscalía busca consolidar su acusación, el proceso judicial se encamina hacia una etapa de juicios orales donde se determinará la responsabilidad de los altos funcionarios involucrados en el uso de capacidades estatales contra la exempleada.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la judicialización de los mandos medios para escalar hacia los altos funcionarios del Gobierno, utilizando principios de oportunidad como herramienta de presión. Al convertir a un oficial operativo en testigo de cargo, la Fiscalía busca romper el silencio institucional que ha rodeado el caso, obligando a los implicados a enfrentar una narrativa judicial que vincula directamente a la exjefa de gabinete con el uso irregular de bienes del Estado. En este escenario, la Fiscalía gana terreno al obtener una prueba testimonial que podría comprometer la estabilidad política de figuras cercanas al Ejecutivo, mientras que Laura Sarabia y los oficiales de alto rango pierden capacidad de maniobra ante la justicia. La construcción de narrativas es divergente: mientras el ente investigador presenta el caso como un abuso de poder y uso indebido de recursos públicos, los sectores cercanos al Gobierno han intentado históricamente minimizar el impacto del evento, enfrentándose ahora a un testimonio que busca desvirtuar la versión de que las actuaciones fueron procedimientos estándar de seguridad.

Un juez avaló el principio de oportunidad otorgado al capitán de la Policía Óscar Leandro Mojica, quien se comprometió a colaborar con la justicia en el caso de las interceptaciones ilegales y presiones contra Marelbys Meza. El oficial, que se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín al momento de los hechos, aceptó testificar contra altos funcionarios del Gobierno. Su testimonio busca esclarecer la cadena de mando detrás de las actuaciones irregulares ocurridas tras el robo en la residencia de la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia. El acuerdo judicial establece que Mojica declarará bajo juramento que fue la actual embajadora en Londres quien dio la instrucción directa de cambiar su esquema de seguridad y someter a su exniñera a una prueba de polígrafo. El testimonio también apunta a la participación del coronel Carlos Feria, exjefe de protección presidencial, y otros oficiales en la gestión del operativo. Esta colaboración judicial representa un giro significativo en la investigación, al señalar directamente a una de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro como responsable de utilizar bienes del Estado para asuntos particulares. La relevancia de este testimonio se suma a las tensiones existentes sobre el manejo de este caso, que ya ha derivado en condenas contra otros uniformados por falsedad en documentos y fraude procesal. Paralelamente, han surgido denuncias sobre presuntas irregularidades en torno a la muerte del coronel Óscar Dávila, quien también estuvo involucrado en la investigación inicial. Mientras la Fiscalía avanza en la reconstrucción de los hechos, la defensa de la legalidad del proceso se ve cuestionada por las nuevas revelaciones sobre el origen de las órdenes impartidas.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la judicialización de los mandos medios para escalar hacia los niveles de decisión del Ejecutivo, utilizando principios de oportunidad como herramienta de presión. Al convertir a un oficial implicado en testigo de cargo, la Fiscalía busca romper la lealtad institucional que ha protegido a los altos funcionarios, exponiendo la posible instrumentalización de la Fuerza Pública para fines privados. En este escenario, el Gobierno pierde capital político al verse nuevamente vinculado a prácticas de abuso de poder y uso indebido de recursos estatales, mientras que la oposición y los entes de control ganan terreno al consolidar pruebas testimoniales contra figuras clave de la administración. La narrativa del Gobierno, que ha intentado desvincularse de las actuaciones irregulares, se debilita ante la versión de un oficial que participó directamente en la cadena de mando, construyendo un relato de responsabilidad directa que contrasta con la defensa de la institucionalidad que el oficialismo intenta proyectar.