El presidente Abelardo de la Espriella nombró al pastor cristiano y exsenador John Milton Rodríguez como nuevo liquidador del Ministerio de la Igualdad mediante el Decreto 1219 de 2026. Esta designación reemplaza a Rafael Rodríguez Ortiz, quien había sido nombrado por la administración anterior apenas semanas antes del cambio de mando. El proceso de liquidación responde a la orden de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional la ley que creó la cartera por falta de respaldo fiscal y vencimiento de plazos legislativos. La nueva administración justificó el relevo argumentando la necesidad de consolidar la información institucional, asegurar la continuidad de las actuaciones y proteger el patrimonio público. El equipo de empalme de De la Espriella ha solicitado el congelamiento de contrataciones de última hora y la suspensión de desembolsos millonarios, incluyendo un contrato con la firma LABORANDO S.A.S. por más de 30.000 millones de pesos. Estas medidas buscan mitigar riesgos fiscales detectados por la Contraloría y la Procuraduría en la fase final de la entidad. John Milton Rodríguez, quien apoyó la candidatura de De la Espriella desde la primera vuelta, asume ahora la responsabilidad de gestionar bienes, archivos, procesos judiciales y la desvinculación de personal. El Ministerio de la Igualdad enfrenta actualmente denuncias de excontratistas sobre demoras en pagos y falta de criterios unificados en la gestión administrativa. La liquidación, que se extenderá inicialmente por un año, representa el cierre definitivo de una de las apuestas políticas más emblemáticas del gobierno de Gustavo Petro.

Análisis político

La designación de John Milton Rodríguez evidencia una estrategia de consolidación de poder mediante la entrega de cargos técnicos y administrativos a aliados políticos clave del sector religioso. Al nombrar a un excontrincante de Petro para desmantelar su legado, el gobierno de De la Espriella busca enviar un mensaje de control institucional y fiscal, utilizando la liquidación como un mecanismo para auditar y exponer presuntas irregularidades administrativas de la gestión saliente. El gobierno actual gana legitimidad ante sus electores al cumplir con la promesa de cerrar una entidad cuestionada, mientras que el sector político de la administración anterior pierde su capacidad de influencia sobre los activos y la narrativa de la cartera. La construcción de la narrativa se divide entre la necesidad de 'protección del patrimonio público' esgrimida por el nuevo gobierno y la defensa de la continuidad de los programas sociales que, según los sectores afines al petrismo, quedan en un limbo jurídico y administrativo.