JEP imputa a diez generales por política de facto en falsos positivosActualizado · hoy
Resumen
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó la fase nacional del Caso 03, identificando a diez generales retirados del Ejército como máximos responsables de la expansión de los 'falsos positivos' entre 2005 y 2008. La investigación determinó que estos crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de una política de facto que privilegiaba el conteo de cuerpos como indicador de éxito militar. Esta práctica resultó en 2.077 víctimas mortales y 34 sobrevivientes durante dicho periodo, elevando la cifra total documentada por la entidad a 7.961 víctimas entre 1990 y 2016.
Siete de los oficiales llamados a reconocer responsabilidad deberán comparecer ante la justicia transicional para aceptar los cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por el contrario, los generales Mario Montoya Uribe, Óscar Enrique González Peña y el mayor general Luis Roberto Pico Hernández manifestaron su negativa a reconocer responsabilidad. Debido a esta postura, sus procesos fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para iniciar un juicio adversarial ante el Tribunal para la Paz.
La decisión judicial destaca que la presión por resultados operacionales, ejercida mediante reuniones y mecanismos de evaluación, facilitó la consolidación de este patrón macrocriminal. La JEP señaló que, aunque existían normas escritas, la falta de medidas correctivas efectivas y la cultura de incentivos permitieron la continuidad de las ejecuciones extrajudiciales. El desmonte de este sistema solo comenzó tras la revelación pública de los casos de Soacha en 2008 y la intervención de comisiones independientes.
Análisis Político
La estrategia de la JEP se centra en la judicialización de la cadena de mando, buscando demostrar que la responsabilidad no se limitó a los ejecutores directos, sino que escaló hasta los niveles de comandancia. Al diferenciar entre quienes aceptan responsabilidad y quienes optan por la vía adversarial, la jurisdicción presiona a los militares retirados para que aporten verdad a cambio de beneficios jurídicos, mientras que el envío de los generales a juicio adversarial subraya la rigidez de la justicia transicional frente a la negación de los hechos.
El evento genera una victoria simbólica y judicial para las víctimas, al validar la existencia de una política de facto que desmiente la tesis de las 'manzanas podridas'. Por otro lado, los generales que rechazan la imputación construyen una narrativa de defensa basada en la negación de la sistematicidad, lo que profundiza la polarización política sobre el legado del conflicto armado y la legitimidad de las operaciones militares durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
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