JEP imputa a 18 exmiembros de la Fuerza Pública por violencia de género
Resumen
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 16 exintegrantes del Ejército y dos de la Policía por violencias basadas en género cometidas entre 1978 y 2016. La Sala de Reconocimiento de Verdad identificó 565 casos que afectaron a 755 víctimas directas, incluyendo mujeres, hombres y personas con identidades diversas. Entre los llamados a responder se encuentra un brigadier general retirado, señalado por omisión en incursiones paramilitares en Norte de Santander.
Los magistrados establecieron dos patrones de macrocriminalidad que explican el uso de la violencia sexual como herramienta de control, castigo y humillación. El primer patrón involucra ataques contrainsurgentes ejecutados directamente o en alianza con grupos paramilitares, mientras que el segundo se refiere a la apropiación sexual y disciplinamiento social. La investigación destaca que la falta de supervisión institucional y la adopción de un modelo de masculinidad guerrera facilitaron la comisión sistemática de estos actos.
Los 18 comparecientes disponen de 15 días hábiles tras su notificación para decidir si reconocen su responsabilidad ante la justicia transicional. En caso de aceptar los cargos, el proceso avanzará hacia una ruta dialógica para la reparación de las víctimas. Si los imputados niegan los hechos, el expediente será trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación para iniciar un juicio formal.
Análisis Político
La estrategia de la JEP se centra en la desarticulación de la narrativa de 'manzanas podridas' al documentar patrones sistemáticos de macrocriminalidad que involucran a altos mandos y estructuras institucionales. Al imputar por omisión y alianza con paramilitares, la jurisdicción busca demostrar que la violencia sexual no fue un daño colateral, sino una herramienta deliberada de control territorial y disciplinamiento social, lo cual desafía la versión histórica de la Fuerza Pública sobre su rol en el conflicto.
En este escenario, las víctimas ganan legitimidad al ver reconocidas sus experiencias como crímenes de lesa humanidad, mientras que la cúpula militar retirada pierde su capacidad de negar la responsabilidad institucional en estos abusos. La construcción de la narrativa se divide entre la JEP, que enfatiza la responsabilidad del Estado en la facilitación de estos crímenes, y los comparecientes, quienes ahora enfrentan la presión política y judicial de decidir entre la confesión, que implica una verdad pública dolorosa, o el juicio, que conlleva el riesgo de sanciones más severas.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
Sesgo mediático
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