La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó formalmente a 27 exintegrantes de los bloques Sur y Oriental de las extintas Farc por crímenes de guerra y lesa humanidad. Entre los procesados se encuentran miembros del último Secretariado como Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel. Esta decisión, que abarca los macrocasos 10 y 11, responde a las denuncias de 2.436 víctimas acreditadas por delitos que incluyen masacres, desapariciones forzadas, violencia sexual y atentados terroristas. La investigación identificó tres patrones criminales: el control social y territorial mediante la violencia, las acciones cometidas durante hostilidades y el terrorismo urbano. El tribunal documentó hechos emblemáticos como el atentado al Club El Nogal, la toma de Mitú, el ataque con explosivos durante la posesión de Álvaro Uribe y el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. La magistrada Julieta Lemaitre señaló que, en el caso de Gómez Hurtado, la evidencia técnica y testimonial vincula a la red urbana de la guerrilla con el magnicidio, aunque la JEP mantiene abierta la posibilidad de que otros actores hayan participado en la autoría intelectual. Los imputados tienen un plazo de 30 días para reconocer su responsabilidad ante el tribunal, lo cual les permitiría acceder a sanciones restaurativas sin cárcel. En caso de rechazar los cargos, sus expedientes serán trasladados a la Unidad de Investigación y Acusación para un proceso adversarial que podría resultar en penas de hasta 20 años de prisión. La JEP destacó que esta imputación es histórica, dado que el 97% de estos crímenes permanecían en la impunidad dentro de la justicia ordinaria.

Análisis político

La estrategia de la JEP se centra en la judicialización de los mandos medios y altos que ejercieron control territorial, buscando cerrar brechas de impunidad en crímenes que la justicia ordinaria no logró esclarecer. Al agrupar los casos en patrones criminales, el tribunal no solo busca sancionar individuos, sino exponer la lógica de mando y la estructura de poder que permitió la comisión sistemática de delitos, lo cual fortalece la narrativa de la justicia transicional frente a sectores críticos que cuestionan su eficacia. En este escenario, las víctimas ganan visibilidad y reconocimiento oficial sobre hechos que permanecieron décadas en el olvido, mientras que los excomandantes de las Farc enfrentan una presión política y jurídica renovada para mantener su compromiso con el acuerdo de paz. La construcción de narrativas es divergente: mientras la JEP intenta consolidar una verdad judicial sobre la responsabilidad de la guerrilla, la familia de Álvaro Gómez Hurtado y otros sectores políticos mantienen su escepticismo, lo que convierte al proceso en un campo de disputa sobre la legitimidad de la verdad histórica en Colombia.