El exsenador Iván Name anunció formalmente que impugnará la decisión del Consejo de Estado que decretó la pérdida de su investidura en primera instancia. El alto tribunal fundamentó la sanción en el tráfico de influencias comprobado durante su gestión como presidente del Senado, vinculándolo con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el fallo, Name habría recibido 3.000 millones de pesos para favorecer el trámite de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, delegando deliberadamente la dirección de sesiones clave en la senadora María José Pizarro. Desde su reclusión en la cárcel La Picota, Name rechazó los cargos y calificó el proceso judicial como una conspiración en su contra. El excongresista sostuvo que las pruebas y testimonios presentados por exfuncionarios de la UNGRD, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, son falsos y forman parte de una estrategia para encubrir a los verdaderos responsables del desfalco. Además, insistió en que su actuación legislativa fue de oposición constante al gobierno anterior, negando haber buscado beneficios judiciales o haber incurrido en conductas ilícitas. La decisión del Consejo de Estado, que implica la imposibilidad definitiva de que Name vuelva a ocupar cargos de elección popular, abre ahora una nueva etapa procesal ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Mientras el exsenador asegura haber aportado nuevos elementos probatorios para esclarecer el entramado, el tribunal mantiene que su conducta vulneró la integridad ética del mandato representativo. Este desenlace judicial marca un punto crítico en el caso de corrupción que ha salpicado a altos funcionarios y legisladores durante el periodo constitucional 2022-2026.

Análisis político

La estrategia de Iván Name se centra en la victimización política, buscando deslegitimar el fallo judicial al presentarse como un perseguido por una supuesta 'empresa criminal' que busca ocultar a los verdaderos responsables del desfalco de la UNGRD. Al vincular su situación con su rol de opositor al gobierno de Gustavo Petro, intenta transformar un proceso por corrupción en una narrativa de persecución ideológica, apelando a la polarización para mantener su capital político y cuestionar la validez de los testimonios en su contra. En este escenario, el Consejo de Estado gana legitimidad institucional al aplicar la sanción más severa contra un congresista, reafirmando el control sobre la ética parlamentaria, mientras que Name pierde su capacidad de acción política directa y enfrenta un desgaste reputacional profundo. La construcción de narrativas es divergente: mientras el tribunal se enfoca en la evidencia técnica y el tráfico de influencias, Name intenta desplazar el foco hacia una supuesta conspiración, buscando ganar tiempo y opinión pública mediante la apelación en segunda instancia.

El exsenador Iván Name anunció formalmente que apelará la decisión del Consejo de Estado que decretó la pérdida de su investidura. El alto tribunal tomó esta determinación en primera instancia tras hallar pruebas de tráfico de influencias durante su gestión como presidente del Senado, específicamente en relación con el trámite de la reforma pensional y el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La sentencia señala que Name cedió deliberadamente la conducción de sesiones clave a la vicepresidenta María José Pizarro para favorecer intereses del Ejecutivo. Desde su reclusión en la cárcel La Picota, el excongresista rechazó los cargos y calificó el proceso como una conspiración en su contra. Name sostiene que las acusaciones, basadas en testimonios de exfuncionarios de la UNGRD, forman parte de una estrategia de una supuesta empresa criminal para ocultar a los verdaderos responsables del desfalco. El exsenador insistió en que su actuación en el Congreso fue de oposición constante a las reformas del gobierno anterior, negando haber recibido prebendas o haber incurrido en conductas ilícitas. El procurador general, Gregorio Eljach, aclaró que la decisión del Consejo de Estado se centra en la pérdida de investidura de Name y no invalida automáticamente el trámite de la reforma pensional. Eljach precisó que cualquier duda sobre la legalidad de dicho trámite deberá ser dirimida por la Corte Constitucional. Mientras tanto, el recurso de apelación anunciado por Name abre una nueva etapa judicial que será resuelta por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Análisis político

La estrategia de Iván Name se basa en la victimización y la construcción de una narrativa de persecución política, buscando deslegitimar las pruebas judiciales al presentarlas como un montaje orquestado por una 'empresa criminal'. Al vincular su situación con su rol de opositor al gobierno anterior, intenta trasladar el debate del terreno jurídico al político, apelando a una base que desconfía de las instituciones y de los testigos colaboradores del caso UNGRD. En este escenario, el gran perdedor es el capital político de Name, cuya carrera parlamentaria queda en suspenso tras la sanción de muerte política, un golpe directo a su influencia en el Congreso. Por otro lado, el Gobierno y las instituciones judiciales ganan legitimidad al avanzar en la depuración de responsabilidades por corrupción, aunque la narrativa de Name sobre una 'conspiración' busca sembrar dudas sobre la integridad de los procesos judiciales en curso, polarizando la percepción pública sobre la veracidad de los testimonios en el escándalo de la UNGRD.

El Consejo de Estado decretó en primera instancia la pérdida de investidura del exsenador Iván Name, sanción conocida como muerte política, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El alto tribunal determinó que Name incurrió en tráfico de influencias al ceder deliberadamente la presidencia del Senado a la senadora María José Pizarro en 14 de 16 sesiones clave, facilitando el trámite de reformas del gobierno anterior a cambio de prebendas. Esta decisión inhabilita de forma definitiva al excongresista para volver a ocupar cargos de elección popular si el fallo queda en firme. Iván Name, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota, anunció a través de un comunicado que apelará la sentencia ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. El exsenador rechazó los cargos, calificándolos de falsos y asegurando que las pruebas en su contra forman parte de una estrategia de una supuesta empresa criminal para ocultar a los verdaderos responsables del desfalco. Además, sostuvo que su actuación en el Congreso fue de oposición constante a las iniciativas gubernamentales de la época, negando haber buscado beneficios judiciales. El evento ha generado reacciones en el ámbito político, incluyendo la postura del presidente Abelardo de la Espriella, quien instó a los investigados por corrupción del gobierno anterior a colaborar con la justicia a cambio de penas atenuadas. Por su parte, el procurador general Gregorio Eljach aclaró que la sentencia del Consejo de Estado se limita a la pérdida de investidura y no invalida automáticamente el trámite de la reforma pensional, cuya legalidad deberá ser dirimida por la Corte Constitucional. El proceso judicial contra Name continúa abierto a la espera de la resolución del recurso de apelación.

Análisis político

La estrategia de Iván Name se centra en la victimización y la deslegitimación de las pruebas, construyendo una narrativa de persecución política donde él se presenta como un opositor férreo que fue blanco de una conspiración. Al rechazar tajantemente cualquier beneficio judicial, busca mantener su capital político intacto y proyectar una imagen de inocencia frente a sus electores, mientras intenta trasladar la responsabilidad del escándalo de la UNGRD hacia otros actores aún no identificados. En este escenario, el Gobierno actual gana terreno al utilizar la condena de un opositor como símbolo de lucha contra la corrupción del periodo anterior, reforzando su narrativa de transparencia. Por el contrario, Name pierde su capacidad de acción política inmediata y su futuro electoral, quedando supeditado a la decisión de la Sala Plena. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo presenta el fallo como una victoria de la justicia contra el clientelismo, Name lo enmarca como un montaje diseñado para silenciar a quienes se opusieron a las reformas del gobierno de Gustavo Petro.