Gobierno propone modificar reglamentación de corridas de toros durante periodo de transición
Resumen
El Ministerio de las Culturas y el Ministerio de Ambiente presentaron un borrador de decreto que busca ajustar las condiciones para la realización de corridas de toros en Colombia. Esta propuesta pretende modificar el Decreto 0703 de 2026, vigente durante el periodo de transición previo a la prohibición total de la actividad taurina, programada para el 22 de julio de 2027. El documento contempla permitir nuevamente el uso de puyas, banderillas y estoques, además de flexibilizar el ingreso de menores de edad a las plazas y delegar en las alcaldías la certificación de la tradición taurina local.
La iniciativa ha generado un fuerte rechazo por parte de sectores políticos, encabezados por la senadora Esmeralda Hernández, coautora de la Ley 2385. La legisladora calificó la propuesta como un retroceso institucional que vulnera los derechos de la infancia y contraviene los estándares de bienestar animal establecidos por la Corte Constitucional. Según la congresista, el Gobierno busca agilizar este trámite para reactivar las temporadas taurinas de fin y principio de año en ciudades como Cali y Manizales.
Por su parte, representantes del sector taurino defienden el borrador argumentando que corrige excesos reglamentarios previos y respeta la naturaleza del rito taurino. Los ministerios justifican los ajustes señalando que buscan brindar mayor seguridad jurídica y armonizar la reglamentación con la ley vigente, sin alterar la fecha final de la prohibición. Actualmente, el texto se encuentra en fase de consulta pública para recibir observaciones ciudadanas antes de una posible firma.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centra en una interpretación técnica de la ley, argumentando que un decreto reglamentario no debe anticipar la prohibición total establecida por el Congreso, buscando así aliviar las restricciones impuestas por la administración anterior. Esta maniobra intenta capitalizar el descontento de los sectores taurinos regionales, quienes ven en la normativa actual una asfixia administrativa que impide el ejercicio de su actividad durante el periodo de gracia legal. El Gobierno gana apoyo en plazas con arraigo cultural, pero asume un alto costo político al enfrentar a los sectores animalistas y defensores de derechos humanos.
La narrativa se construye bajo dos ejes opuestos: mientras el Gobierno y el gremio taurino presentan el decreto como una corrección necesaria para garantizar la libertad de expresión cultural y la seguridad jurídica, la oposición lo etiqueta como un acto de retroceso ético y una vulneración directa a los derechos de los menores. Quien pierde en este escenario es la coherencia del proceso de transición hacia la prohibición, pues la disputa sobre los detalles técnicos del decreto termina polarizando nuevamente la opinión pública sobre un tema que se consideraba zanjado por la Ley 2385.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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