ISP alerta por venta clandestina de inyectables para bajar de peso en redes sociales
Resumen
El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta sanitaria ante la proliferación de inyectables para bajar de peso comercializados ilegalmente en plataformas digitales. Estos productos, que prometen contener principios activos como la semaglutida, carecen de registro sanitario, etiquetado adecuado y condiciones de almacenamiento necesarias. Las autoridades advirtieron que el uso de estas sustancias representa un riesgo grave, pudiendo derivar en septicemia, pancreatitis aguda o incluso la muerte.
Jorge Canales, jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED), enfatizó que los productos informales son ineficaces y peligrosos al ser sensibles a la temperatura y carecer de esterilidad. El organismo detalló que, entre 2020 y agosto de 2026, se registraron más de 1.300 sospechas de reacciones adversas asociadas a la semaglutida, con un aumento del 44% en el último año. La mayoría de los casos reportados afecta a mujeres adultas, quienes buscan alternativas rápidas para reducir peso tras periodos de celebraciones como las Fiestas Patrias.
La actual normativa chilena clasifica la venta ilegal de fármacos únicamente como una falta sanitaria, lo que dificulta la persecución penal de los responsables en el entorno digital. Ante esta limitación, el ISP impulsa una iniciativa legislativa prioritaria para tipificar este comercio como un delito penal. El objetivo es dotar al Estado de herramientas más eficaces para desarticular el mercado negro de medicamentos y proteger la salud pública frente a estas ofertas engañosas.
Análisis Político
La estrategia política del ISP se centra en la comunicación de riesgo como herramienta de control social ante la incapacidad técnica de fiscalizar el mercado digital. Al visibilizar las cifras de reacciones adversas y el peligro de muerte, el organismo busca desincentivar la demanda ciudadana, trasladando la responsabilidad de la prevención al usuario final mientras se gestionan cambios estructurales.
El Gobierno y el Ministerio de Salud ganan legitimidad al posicionar la salud pública como una prioridad, utilizando este evento para presionar al Congreso por una reforma legal que endurezca las sanciones. Por el contrario, pierden los consumidores vulnerables a la publicidad engañosa y los actores del mercado informal, quienes operan en un vacío legal que el Ejecutivo busca cerrar para transformar una falta administrativa en un delito penal perseguible.
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