El Instituto Nacional de Estadísticas informó que el Índice de Precios al Consumidor anotó una variación mensual de 0,4% en septiembre, cifra que se ubicó levemente por debajo de las expectativas del mercado. Este resultado, que acumula un 4,0% en lo que va del año, fue impulsado principalmente por alzas en las divisiones de alimentos, bebidas no alcohólicas y transporte, destacando el incremento en los precios de combustibles como el diésel y la gasolina. En contraste, la división de seguros y servicios financieros presentó una disminución significativa que ayudó a contener el índice general. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reaccionó a las cifras señalando que el control de la inflación es una responsabilidad exclusiva del Banco Central y enfatizó la necesidad de adoptar medidas monetarias para mantener los precios bajo control. El secretario de Estado reconoció que alcanzar la proyección oficial de 3,8% para el cierre de 2026 representa un desafío, aunque mantiene la expectativa de una desaceleración en los próximos meses. Por su parte, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, advirtió que las presiones inflacionarias siguen vigentes y que el Gobierno no puede relajar los esfuerzos para estabilizar la economía. La publicación de estos datos genera consecuencias inmediatas en el costo de vida, incluyendo un aumento de 164 pesos en el valor de la Unidad de Fomento para noviembre. Mientras el Ejecutivo presiona por medidas monetarias, diversos analistas económicos sugieren que el Banco Central mantendría una postura cautelosa en su próxima reunión de política monetaria. La persistencia de la inflación anual en 4,1% mantiene el foco en la capacidad del país para recuperar el crecimiento y reactivar la inversión frente a un escenario externo complejo.

Análisis político

La estrategia política del Ejecutivo se centra en deslindar responsabilidades sobre el costo de la vida, trasladando la presión hacia el Banco Central para que tome medidas monetarias, mientras el Gobierno intenta capitalizar la narrativa de la reactivación económica y la inversión como única solución estructural. Esta táctica busca proteger la imagen del gabinete ante el impacto directo que la inflación tiene en el bolsillo de las familias, especialmente tras periodos de alto consumo como las Fiestas Patrias. En este escenario, el Gobierno gana margen de maniobra al señalar factores externos como los responsables de las alzas, pero pierde credibilidad si sus propias proyecciones de inflación no se cumplen. Por otro lado, el Banco Central se posiciona como el actor técnico que debe equilibrar la contención de precios con una economía que muestra debilidad, construyendo una narrativa de prudencia frente a las demandas políticas de intervención inmediata que provienen desde el Ministerio de Hacienda.