El Gobierno de Chile excluyó el programa 'Yo elijo mi PC' del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, dejando sin financiamiento una iniciativa que desde 2009 entregaba computadores a estudiantes de séptimo básico. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó la medida argumentando que el programa presentaba problemas de implementación y evaluaciones que no demostraban un impacto relevante en los aprendizajes. La ministra de Educación, María Paz Arzola, respaldó esta postura señalando que el programa no cumplía con los objetivos de su diseño original, aunque instó a debatir la propuesta en el Congreso. La decisión generó un rechazo transversal de parlamentarios y alcaldes de diversas tendencias políticas, quienes calificaron la medida como una mala idea que afecta la equidad y el acceso a la tecnología. Figuras como el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, y el diputado Sergio Bobadilla cuestionaron la eliminación de un beneficio considerado exitoso, mientras que el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, anunció que su municipio buscará financiar los equipos de forma independiente. Otros legisladores, como el diputado Héctor Barría, advirtieron que votarán en contra de la partida de Presidencia si no se reponen los recursos. En respuesta a la controversia, un grupo de alcaldes del Frente Amplio lanzó una plataforma ciudadana denominada 'Yo elijo que siga mi PC' para recolectar firmas y testimonios que presionen por la reposición del presupuesto. El debate se sustenta además en informes previos de la Dirección de Presupuesto (Dipres) de 2022, que ya advertían sobre la falta de impacto significativo del programa en el rendimiento académico y problemas en la focalización de los beneficiarios. El futuro del programa queda ahora sujeto a la tramitación legislativa en el Congreso Nacional.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo se basa en la eficiencia del gasto público y la reasignación de recursos, utilizando evaluaciones técnicas previas para justificar recortes en programas sociales de larga data. Esta táctica busca imponer una narrativa de responsabilidad fiscal frente a la presión de mantener beneficios populares, aunque el costo político es alto al enfrentar una oposición transversal que utiliza el discurso de la 'igualdad de oportunidades' y la 'brecha digital' para capitalizar el descontento ciudadano. En este escenario, los alcaldes y parlamentarios que defienden el programa ganan visibilidad política al posicionarse como protectores de los sectores vulnerables, mientras que el Gobierno pierde capital político al ser percibido como insensible ante las necesidades educativas. La construcción de narrativas es divergente: el Ejecutivo se ampara en datos técnicos y eficiencia administrativa, mientras que sus críticos apelan a la experiencia directa de las familias y a la importancia simbólica de la herramienta tecnológica como un derecho básico en la educación actual.